Cuesta arriba se le estaba haciendo al gobierno convencer a la oposición sobre la necesidad de prorrogar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo. Esto, porque tras coordinarse con la mesa del Senado, los representantes opositores se decantaron por exigir un compromiso de parte del Ejecutivo en el sentido de realizar cambios en la gobernanza sanitaria y, más importante aún, en materia de ayudas económicas, para respaldar la propuesta que el presidente Sebastián Piñera anunció el domingo y que debe pasar necesariamente por la aprobación del Congreso.
Tras la cita de la oposición, la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), fue la encargada de enviarle el mensaje al gobierno, en cuanto a que el cambio de fecha de los comicios debe estar sujeto a una serie de "condiciones", tanto sanitarias como económicas, que le den sentido y que, de lo contrario, "la oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo".
La propia senadora, junto al vicepresidente del Senado, el también DC Jorge Pizarro, le reiteraron más tarde esta postura al mandatario en una reunión protocolar que sostuvieron en La Moneda y en la que también participó el titular de la Segpres, Juan José Ossa. Pero ahí el tono fue distinto, ya que tras la cita, Provoste anunció que el presidente Piñera se abrió a establecer un equipo entre La Moneda y el Congreso a fin "de revisar la política de protección social y profundizar las ayudas, en el marco de los presupuestos que están disponibles".
La presidenta del Senado valoró la actitud del mandatario, pues a su juicio "ha habido una disposición genuina" de su parte, para buscar una fórmula que mejore la red de protección social que vaya en ayuda de las familias que lo requieran.
De esta manera, la parlamentaria expresó la disposición de su sector a analizar la postergación de las elecciones para mayo.
No obstante, durante la jornada, la centroizquierda se había mostrado reacia a avanzar en la materia, lo que se reflejó en la sesión conjunta que realizaron las comisiones de Gobierno y Constitución de la Cámara, en la que participaron los ministros de Salud, Segpres e Interior, Enrique Paris, Juan José Ossa y Rodrigo Delgado, respectivamente, además de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches; el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle; y la representante del PNUD; Marcela Ríos, entre otros.
Denuncian improvisación
Después de poco más de tres horas, la oposición no quedó conforme con las presentaciones de los ministros que, a juicio de la presidenta de la Comisión de Gobierno, Andrea Parra (PPD), fueron "bastante improvisadas", ya que no habría aportado mucho más de lo ya conocido. Este sería el caso de los contenidos que tendría el proyecto del Ejecutivo, que no fue presentado a los diputados ni ha sido ingresado al Congreso, y sobre el cual Ossa sólo entregó los lineamientos generales, entre los que informó que se suspenderían las campañas desde la promulgación de la ley, salvo la propaganda ya instalada, entre otros.
Lo concreto de la presentación de Ossa fue su argumentación respecto de que el gobierno espera que para el 15 y 16 de mayo haya 9,3 millones de personas vacunadas, 7,3 millones con ambas dosis, lo que "debería redundar en una mayor participación", pero con la que la oposición no quedó conforme, ya que –según Parra- serían solo conjeturas.
Tampoco satisfizo la intervención de Paris, con quien Parra tuvo varios dimes y diretes. Ello, porque se le preguntó insistentemente qué cambiaría en materia de políticas sanitarias de aquí al 15 de mayo, para asegurar que no habrá riesgo de contagio para ir a votar, a lo que finalmente el ministro afirmó que "cuando me piden fecha, certeza, eso es imposible".
Y aunque el ministro tuvo diferencias con Siches, como ya es habitual, en esto sí coincidieron, ya que la presidenta del Colmed también afirmó que "nadie va a poder asegurar una fecha (totalmente segura para ir a votar) y si lo hace, va a estar mintiendo", porque son muchas las variables que inciden en eso.
Como era de esperar, la actitud asumida por los parlamentarios opositores no cayó bien en La Moneda, al punto que el vocero Jaime Bellolio calificó de "chantaje" las exigencias del sector para aprobar la reforma cuando ingrese al Congreso.
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