Hasta la comisión de Economía de la Cámara de Diputados llegará este martes el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y su equipo de asesores legislativos para presentar una serie de indicaciones al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
El miércoles, el proyecto que modifica la Ley de Protección al Consumidor cumple tres meses de tramitación en la comisión de Economía. La idea del gobierno es despacharlo en septiembre, para que luego sea visto en las comisiones de Constitución y Hacienda.
La sesión en la instancia que preside el diputado Fuad Chahín (DC) está programada para las 18:30 horas en Valparaíso y viene precedida de intensas reuniones en las que el Ministerio de Economía ha buscado alcanzar un acuerdo con los parlamentarios en la materia.
En rigor, está contemplado que el Ejecutivo ingrese hoy más de 20 enmiendas para modificar la iniciativa y acelerar su tramitación.
Uno de los principales reparos, tanto de diputados como de representantes gremiales y expertos al proyecto, era el fin de la potestad sancionatoria y de indemnización que tienen hoy los Juzgados de Policía Local (JPL), traspasándose la facultad jurisdiccional de la multa al Sernac y lo indemnizatorio a los jusgados de letras en lo civil.
Diputados que han participado del debate dicen que la exposición que realizó en la comisión de Economía la presidenta del Instituto de Jueces de Policía Local, María Eugenia Espinoza, fue clave a la hora de rechazar el traspaso de la competencia a la justicia ordinaria civil.
En vista de estas observaciones y teniendo en cuenta que la reforma procesal civil se aplazó, el gobierno optó por mantener la facultad indemnizatoria en los tribunales de policía local.
“Murallas chinas”
El proyecto de ley entregaba al Sernac facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias, punto que para el retail y la banca lo transformaba en juez y parte.
Ante esta situación, el Ejecutivo habría optado por precisar en la redacción del texto legal de las indicaciones la creación de unidades independientes en materia de fiscalización, mediación y litigación, y una separación de roles entre los funcionarios que participarán de las distintas instancias de un proceso administrativo. En regulación, la cautela de la duplicidad de roles se denomina “murallas chinas”.
Las indicaciones también limitarán la facultad de ingresar a recintos privados con la fuerza pública sólo a casos en que esté en riesgo la salud y/o seguridad de los consumidores. En el resto de los casos se mantendrá el requisito de una orden judicial de un ministro de corte.
El empresariado se ha opuesto a esta disposición porque, acusa, vulnera el régimen de propiedad privada.
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