La Asociación de Vinos de Chile, presidida por René Araneda, se sumó ayer a los gremios que han concurrido a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer su posición sobre el proyecto de ley de reforma tributaria y que, en este caso en particular, es sinónimo de preocupación por el alza de impuestos que contempla para las bebidas alcohólicas.
Como se sabe, la propuesta tiene dos objetivos: el primero, correctivo, ya que el impuesto actual no guardaría proporción con el daño que produce el consumo excesivo; y, segundo, porque se asume como bajo en comparación al que se aplica en otros países.
Sin embargo, Araneda esta en desacuerdo con ambas premisas. “Nosotros no creemos que el impuesto tenga una capacidad correctiva y creemos que los vinos se encuentran dentro de los rangos de consumo que se considera responsable”, aseguró.
En esa línea, explicó que “en Chile estamos en un consumo promedio de 50 cc de vino al día, cuando lo que se considera responsable son 125 cc diarios para una mujer y 250 cc para un hombre.
Respecto a que los impuestos serían bajos respectos a los paises de la OCDE, destacó que la mayoría de estas naciones, sobre todo las vitivinícolas, incentivan la producción de vino y su exportación, por lo que no los gravan con impuestos específicos.
Según Araneda, esos países tendrían un impuesto promedio de $ 28, si lo comparamos con los $ 183 que pagan en Chile. Pero eso no es todo. Si a eso se le agrega el impuesto al valor, los productores de vino de la OCDE llegan a un promedio de $ 80, cuando con la reforma Chile alcanzaría a $ 443.
La asociación aseguró que el alza de impuestos afectará a los consumidores, al empleo regional y a los productores de menor tamaño.
En relación a estos últimos, Araneda expuso que de las 60 mil hectáreas existentes entre la VII y VIII regiones y predios entre 2 y 13 hectáreas promedio, la propuesta genera incertidumbre sobre el destino de entre 5 y 7 millones de hectáreas de secano que “ hoy día tienen pocas posibilidades de reconversión”.
Sumado a eso, estimó que “generará incertidumbre en el nivel de precio venta y dejara a 13.800 productores vulnerables definidos por Indap que podrían enfrentar la ruina”.
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