Afinando la cifra, pero de todos modos más de US$ 1 millón sumará la demanda que se encuentra preparando la empresa Cadem en contra de Costanera Norte, tras las inundaciones ocurridas en el pasado mes de abril, que dejaron inutilizables las oficinas que mantienen en calle Nueva de Lyon, las que según las estimaciones del gerente de Asuntos Públicos, Roberto Izikson, “podrían volver a ser habitadas recién en unos cinco o seis meses más”, lo que se suma a los dos meses que ya ocurrió el hecho.
La acción legal sería presentada entre esta y la próxima semana por el abogado Luis Hermosilla y considera los gastos en los que ha tenido que incurrir la empresa de estudios de mercado, donde se incluye el arriendo de oficinas en la Avenida Andrés Bello, los traslados, el arriendo de hoteles y el lucro cesante, o sea, los ingresos que la compañía ha dejado de percibir.
De esta manera, se convertiría en la segunda denuncia contra Costanera Norte, sumándose así a la ya presentada por la empresa Ofiplace, en la que la empresa solicita una compensación de $ 63 millones por los daños sufridos en sus instalaciones.
De parte de la concesionaria no se quisieron referir respecto el tema, porque hasta el momento las negociaciones con los afectados estarían en manos de las aseguradoras, las que siguen adelante con los procesos de liquidación. El detalle de los seguros comprometidos por Costanera Norte serían US$ 3,9 millones a través de Chilena Consolidada, mientras que la constructora Sacyr tiene acuerdos con HDI por US$ 254 millones.
Otro de los grupos que no han llegado a un acuerdo es el de los locatarios representados por el estudio Correa Gubbins, desde donde Juan Ignacio Correa explica que hace un mes se ingresó una solicitud de exhibición de documentos en contra de Costanera Norte, la constructora Sacyr y el Fisco, tales como contratos de concesiones, boletas de garantías, correspondencia e informe de las causas de la emergencia, con la idea de recopilar antecedentes suficientes para una demanda por indemnización que sería presentada durante las próximas semanas.
En este grupo de clientes se encuentra la librería Catalonia, que según estimaciones propias habría perdido cerca de tres mil ejemplares. Catalina Infante, una de las propietarias comentó que el objetivo de ellos es “conseguir un acuerdo extrajudicial, con la idea de evitar un extenso juicio”. Infante asegura que en un principio la concesionaria se acercó a negociar, pero que luego desistieron y que los seguros contraídos por Catalonia sólo cubrirían el 10% de las pérdidas, calculadas en $ 90 millones.
Otra de las instituciones que presentará acciones judiciales es la Municipalidad de Providencia, que a través de su Unidad Judicial ha prestado asesoría a 50 pequeños locatarios. Marcelo Belmar, Secretario Comunal de Planificación, aseguró que aún no han llegado a un acuerdo con los liquidadores de la concesionaria, que ya ha pagado $150 millones a proveedores de la municipalidad, pero aún queda por pactar un monto cercano a los $ 500 millones.
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