En medio de los escándalos por colusión, la empresa CMPC habría decidido no realizar ningún tipo de provisiones al 31 de diciembre de 2015, descartando por el momento incluir en el cierre de año este tipo de tratamiento contable.
La compañía -ligada al grupo Matte- ha sido acusada de coludirse con su competencia en Chile, Colombia y Perú.
En este último país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, formuló cargos por faltas a la libre competencia a las empresas fabricantes de papel higiénico y otros productos relacionados de ese país, Productos Tissue del Perú S. A., filial de CMPC Tissue, y Kimberly Clark. Las conductas denunciadas habrían ocurrido entre los años 2005 y 2014.
No obstante, desde CMPC se plantea que este es un mercado pequeño para la compañía, siendo un actor menor, por lo que una eventual sanción no sería muy significativa para la firma.
La imputación en Perú “no tendrá un impacto financiero relevante en CMPC”, dijo en una comunicación enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En el caso de las denuncias por colusión en Chile y Colombia, la compañía se acogió a la figura de la delación compensada, por lo cual no se expone a multas al haber colaborado en las investigaciones de los organismos antimonopolio de esos países.
Cuando anunció la denuncia, el regulador colombiano informó que tres de las cinco empresas investigadas se acogieron al beneficio de la delación compensada y entregaron documentación que acreditaría la existencia de un acuerdo de los precios existente entre 1998 y 2013.
En Chile, la compañía está negociando con el Servicio Nacional del Consumidor una fórmula para compensar a los clientes afectados, pero aún no está definido el monto que deberá desembolsar CMPC.
No obstante, la otra compañía denunciada por colusión (la filial local de la sueca SCA) busca que se revierta el beneficio de exención de multa a CMPC, que puede alcanzar unos US$ 23 millones.
Diputados irán a Contraloría por fallo del TC
Hasta la Contraloría General de la República podría extenderse la disputa de competencia entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y el Ministerio Público, luego que la semana pasada el Tribunal Constitucional resolviera en favor de TDLC, denegando la entrega de información reservada contenida en el expediente de la investigación por colusión entre CMPC y SCA.
Ayer, los diputados Daniel Farcas y Gabriel Silber se reunieron por más de 40 minutos con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, para conocer el avance de la arista penal. A la salida, los parlamentarios señalaron que solicitarían a la Contraloría que investigue a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por encubrimiento de información.
"Todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cualquier ilícito que conozcamos. El acto ilícito es que no se entreguen los antecedentes de la FNE a los tribunales de justicia", dijo Farcas.
Asimismo, los parlamentarios anunciaron que se harán parte de la causa que lleva la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre el tema.
Ayer, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló que el Tribunal Constitucional fue claro en las atribuciones que tiene la FNE respecto de la información y la forma en que obtiene los datos de las investigaciones. "Esa información reviste ciertas características que implican que los requerimientos que se han establecido, en términos de compartir la información, son los adecuados", dijo.
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