Un proceso que se prevé tome varios meses iniciarán el próximo miércoles representantes legales de CMPC y el Sernac, por la mesa de mediación que busca establecer mecanismos de compensación a consumidores a raíz de los perjuicios que se podrían haber dado tras los 10 años que se extendió el cartel entre la papelera de los Matte y la sueca SCA.
El director del organismo estatal, Ernesto Muñoz, explicó que lo primero que se abordará será ver el mecanismo más eficiente para poder reflejar la compensación de manera rápida, situación que no se visualiza fácil. Tras ser consultado, Muñoz dijo que “vamos a estar cautelando el criterio de eficiencia y rapidez, para que no tengamos que esperar cuatro o cinco años en un juicio colectivo”. Agregó que en este caso es clara la responsabilidad de las empresas, por lo que están procurando que la compensación se haga efectiva lo más rápidamente posible.
En este primer encuentro, Muñoz espera que la empresa entregue los antecedentes que fueron solicitados vía oficio, además de definir el método de trabajo.
Destacó el rol que va a ir jugando el comité de soluciones colectivas del Sernac, el que va a estar interviniendo en el proceso si, eventualmente, la mediación no cumpliera con los estándares que ellos tienen definidos y por lo tanto sea necesario evaluar su cierre. “Es algo hipotético, pero que ha ocurrido en otros casos, cuando no se expresa disposición por parte de las empresas”, dijo.
Respecto a SCA, que rechazó participar en la mediación, dijo que intentarán por la vía judicial recuperar los daños.
De hecho, ayer la organización de consumidores Conadecus judicializó el tema e instauró una demanda colectiva contra ambas empresas. Según informes económicos que presentó, los daños a consumidores pueden oscilar entre US$ 465 millones y US$ 510 millones.
“En este caso se está infringiendo derechamente la Ley del Consumidor al engañar a los consumidores en el precio y está reconocido por las partes”, dijo el abogado querellante, Mario Bravo.
Proyecto de Ley
El proyecto de Ley que aumenta las multas en casos de colusión y establece penas de cárcel, sigue su trámite en el Congreso.
Hace unos días, la Corte Suprema hizo un nuevo informe respecto de los cambios legales que se proponen.
“La regulación propuesta resulta mejor desarrollada que la actualmente vigente y coherente con su ampliación a los aspectos penales”, decía el informe.
De todos modos, el máximo tribunal del país hizo ver que dado el sistema actual que existe, las sanciones tienen un monto tope fijo, el que no se relaciona necesariamente con el daño al mercado, a los consumidores o los agentes económicos en general, como tampoco con las ganancias obtenidas, “por lo que resulta deseable establecer el monto de la multa en proporción al beneficio económico obtenido”.
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