El Caso Pollos se encamina a su recta final. La Tercera Sala de la Corte Suprema, que lo estudia, puso en estado de acuerdo la causa hace algo más de tres semanas y se estima que anunciará el fallo en un periodo máximo de 15 días.
Mientras los ministros que integran la sala -Héctor Carreño, Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz- estudian la sentencia, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) también trabaja en la demanda que presentará contra los acusados para compensar a los consumidores.
La asociación ya ha definido en asamblea que plantearán una demanda colectiva por interés difuso, bien sea de manera particular, en adhesión al Sernac, si es éste quien decide presentarla o en conjunto con varios organismos. Para ello, tendrán un plazo de seis meses después de publicado el fallo, según explica Hernán Calderón, el presidente de Conadecus.
Por el momento, dos estudios de abogados que revisan el caso con la institución están analizando los antecedentes y se encargarán de analizar la sentencia, y evaluar los argumentos y mecanismos.
“Lo único que impide hacer la demanda es que el fallo esté ratificado por la Corte Suprema. Se está esperando eso para poder iniciar la redacción”, detalla Calderón, señalando su convicción de que la decisión del TDLC será ratificada por el Tribunal.
Además, sobre su objetivo de buscar la vía para compensar a los consumidores afectados, Calderón explica que existen “muchas maneras de poder hacerlo”. “Tenemos bastante claridad de que cuando el interés es difuso y no podemos identificar a los consumidores proponemos que sea el juez quien disponga cómo se va a compensar a los consumidores”, comenta.
La sentencia del TDLC
Durante las sesiones de alegatos en la Corte Suprema, celebrados en marzo, Agrosuper solicitó la rebaja de su multa de US$ 25 millones a US$ 700 mil, y Don Pollo, la revocación. Mientras, Ariztía y la APA pidieron revocar el fallo del TDLC argumentando que no se pudo concluir que existió colusión, así como que los análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) son arbitrarios.
La asociación gremial pidió además que se revoque la sanción que la obligó a su disolución.
Asimismo, ambas partes dispararon contra la industria supermercadista argumentando que es la encargada de fijar los precios para el consumidor final.
Por su parte, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, solicitó que se confirmé la sentencia impuesta con anterioridad por el órgano de libre competencia y que se eleve la multa a Don Pollo, y no así a Ariztía y Agrosuper, a los que ya se les asignó la mayor multa que contempla la ley.
Las tres compañías, que concentran más del 80% de la oferta de carne de pollo en el mercado, arriesgan una multa millonaria. El TDLC les fijó una multa que en conjunto suma US$ 61 millones por acordar limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignarse cuotas de producción y comercialización. El tribunal también acreditó que la APA operó con un rol clave del acuerdo fijado por éstas.
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