Corfo manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago contra siete ex ejecutivos por delitos contemplados en la Ley del Mercado de Valores, en el denominado caso Corfo-Inverlink, por las irregularidades financieras que derivaron en millonarias pérdidas en la entidad estatal.
"Después de tanto tiempo, por fin se reconoce lo que siempre se expresó respecto al daño causado a Corfo. Reitero la satisfacción de Corfo respecto de la sentencia dictada por la Corte Suprema, que confirmó la tesis defendida por la Corporación en el sentido de que los acusados eran responsables de los delitos que afectaron a la institución y que, además, se establece la restitución de los dineros", puntualizó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran.
El fallo del máximo tribunal ratifica así lo dispuesto por el tribunal de alzada que, en su oportunidad, había acogido la apelación presentada por Corfo, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Consejo de Defensa del Estado y condenó a Eduardo Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, Lawrence Fletcher Vera, Juan Pablo Prieto Viviani, Gino Tirapegui Palomino y a Frank Leighton Castellón a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio como autores del delito sancionado en el inciso 2° del artículo 53 de la ley 18.045 de Mercado de Valores. Asimismo, sancionó a Javier Moya Cucurella a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio como autor del mismo ilícito.
En la misma sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue confirmada por la Corte Suprema, se acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios presentada por Corfo en contra los condenados Eduardo Monasterio Lara, Luis Hernández Palma, Eduardo Tapia Donoso, Lawrence Fernando Fletcher Vera, Javier Moya Cucurella, Juan Pablo Prieto Viviani, Frank Williams Leighton Castellón y en contra de BBVA Corredores de Bolsa Limitada, condenando a los primeros solidariamente y a la última parte, como tercero civilmente responsable, por los hechos de sus dependientes Juan Pablo Prieto Viviani y Frank Williams Leighton Castellón, a pagar a la demandante la suma de $ 26.462.295.646 por concepto de daño emergente, suma que se solucionará debidamente reajustada más intereses y costas de la causa.
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