La constitución de concesiones mineras por parte de SQM en zonas vecinas a las pertenencias que arrienda a Corfo, además de la petición de derechos de agua en esas áreas y el incumplimiento del contrato de arrendamiento gatilló la presentación de un segundo arbitraje por parte del organismo estatal.
Así al menos lo comentan fuentes cercanas al proceso, las que indican que ya hace tiempo venía rondando la idea de presentar una nueva acción contra la minera.
Otras fuentes agregan que el contrato de proyecto -acuerdo matriz que permite la operación de SQM en el Salar de Atacama- obligaba que las acciones de la compañía fueran únicamente en las concesiones denominadas OMA y que eran arrendadas a Corfo.
No obstante, sostienen, la compañía controlada por Julio Ponce fue solicitando mensuras y ha pedido concesiones de exploración en toda la comuna, a su propio nombre, lo que vulneraría lo establecido en el acuerdo de proyecto, que data de 1986.
En este contrato Corfo acordó que no permitirá que ninguna otra persona explore, explote o trabaje ningún recurso mineral en el área de las 140.000 hectáreas del Salar de Atacama determinadas.
Según información enviada por SQM a la SEC de Estados Unidos, además de dar cuenta del contrato con Corfo, señalan que poseen concesiones mineras de explotación constituidas sobre unas 297.688 hectáreas en áreas vecinas al Salar de Atacama, que corresponden a reservas mineras sin explotar.
También, indican fuentes, la minera ha constituido derechos de agua a nombre de SQM en los acuíferos donde se ubican las pertenencias, cuando el contrato le obligaría a constituirlos a nombre de Corfo.
Que ya esté cuestionado el pago de los arriendos, le permite a Corfo llevar a arbitraje este contrato matriz.
Reunión
Según informó Corfo ayer, según establece el contrato, se realizó una tentativa de solución amigable, lo que fue infructuoso, provocando su derivación a un juez árbitro.
Por SQM, acudieron a la cita el gerente general, Patricio de Solminihac, junto con el abogado Nicolás Luco, mientras que por Corfo estuvo su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, el fiscal y un asesor externo.
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