La polémica por la supuesta inconstitucionalidad de algunas normas contenidas en la reforma al Código de Aguas "es cosa de abogados", dice Carlos Estévez, titular de la Dirección General de Aguas (DGA).
Sostiene que el gobierno cuenta con la opinión de especialistas que avalan su posición y reafirma que los derechos de agua ya otorgados no cambiarán su estatus de propiedad, y que ese no es el corazón de la reforma. La intención del gobierno, puntualiza, es lograr que ésta sea ley durante la actual administración.
-La reforma anterior al código de aguas demoró 13 años. ¿El gobierno espera que esta se tramite más rápido?
-La principal diferencia con la anterior reforma es que era un mensaje del ejecutivo. Esta es una moción de los parlamentarios. El ejecutivo siempre puede ponerle a un proyecto de ley, y darle mayor celeridad, pero la urgencia atenta contra la generación de los tiempos de consenso. Este proyecto comenzó a discutirse en 2012 y establecía una prelación de los derechos y múltiples formas de caducidad. Con la discusión que queda, podríamos encontrarnos que este proyecto podría ser ley a mediados de 2017.
-¿Es la intención del gobierno que este proyecto sea aprobado durante esta administración?
-Obvio que sí, además el gobierno puede introducir urgencias y no lo ha hecho hasta ahora. Pero el resultado de un proyecto de ley es un hecho de futuro incierto, no es un plazo, depende de un conjunto de circunstancias. Nosotros estamos trabajando para que este sea un proyecto de ley que esté concluido, tramitado y promulgado en este gobierno.
-¿Una tramitación rápida disminuye las incertidumbres futuras en la industria?
-Una ley puede quedar bien o mal hecha. Una ley que queda no del todo bien hecha, la incertidumbre se termina por resolver en los tribunales. Si la ley es clara, reduce ese ámbito de incertidumbre. Pero el modelo no es que ocurra la demora que hubo en la reforma anterior.
-Las indicaciones del gobierno más polémicas se dice que introducen un cambio en los derechos de propiedad del agua. ¿Afectan a los ya constituidos?
-Determinar que estos son los elementos más polémicos es discutible. Los cambios en su mayoría fueron votados por unanimidad. Esta polémica más bien ha sido construida por grupos de abogados, muchos de ellos prestan asesorías a los parlamentarios, pero la última indicación del ejecutivo, que se refiere a la extinción de derechos con el cumplimiento de plazos, fue votada por unanimidad y no hubo reproches de constitucionalidad de parte de ningún diputado.
-Pero la discusión apunta al derecho de propiedad...
-Desde fuera del Congreso se ha centrado la mirada en una reforma a la propiedad, pero no está centrada en eso, tiene elementos que tocan este eje, pero están centrados en asegurar un derecho humano esencial, fortalecer las atribuciones de la administración de las aguas en las situaciones de escasez y la capacidad de tener información sobre lo que pasa en las aguas. Tenemos información sobre la disponibilidad, pero hay muy poca sobre su extracción (...) Para los nuevos derechos se establece una concesión, se entrega en forma temporal y para los derechos antiguos se establece no una caducidad, sino una extinción del derecho. Esta es una diferencia importante, la caducidad no tiene derecho para ir a tribunales y la extinción no lo pilla de sorpresa. Eso es muy importante ante el Tribunal Constitucional y también establece la posibilidad de recurrir a las cortes.
-¿Hay una discusión ideológica en esto?, porque se habla de inconstitucionalidad de la norma que ya se votó...
-Hay una combinación de críticas. Siempre en un proyecto de ley va a haber discusión sobre eventuales inconstitucionalidades. Hay un componente jurídico, pero todas las discusiones son técnicas, jurídicas y políticas, porque también hay visiones que no comparten esa posición. Tenemos tres informes en derecho de constitucionalistas como José Luis Cea, Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer y estamos tranquilos con lo que estamos haciendo.
-¿Los informes entonces descartan problemas de constitucionalidad?
-Esos informes nos plantean distintas cosas y nos sugerían que cambiáramos el concepto de "caducidad" por el de "extinción del derecho", cosa que hicimos y establecen varios criterios donde nos dicen que estamos fuertes con la discusión. Los abogados tienen todo el derecho del mundo para prepararse para, eventualmente, ser contratados por alguien y es parte de su legítimo ejercicio. Creo que efectivamente una parte del Código de Aguas va a tener una discusión de constitucionalidad. Hay críticas que no están basadas en hechos ciertos.
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