Otra empresa chilena, esta vez en el sector de distribución de gas, enfrenta una investigación por colusión en el mercado peruano.
A la papelera de los Matte, que es investigada en el mercado del tissue, se sumó la distribuidora de gas Lipigas, ligada al grupo Yaconi SantaCruz y un grupo de inversionistas locales, entre los que destacan Andrónico Luksic y Leonidas Vial.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de Perú, inició en julio pasado un proceso sancionatorio contra cinco empresas envasadoras y comercializadoras| de GLP (Gas Licuado de Petróleo), por presunta concertacación de precios en ese mercado, lo que habría provocado un incremento de los precios del hidrocarburo entre 2006 y 2011.
Según la investigación del organismo, las involucradas en el acuerdo colusorio son Repsol Gas del Perú SA, Zeta Gas Andino SA, Llama Gas SA, Forza Gas E.I.R.L y Lima Gas SA. Esta última firma es filial de la chilena Lipigas, la que adquirió su propiedad en 2013.
"En el caso del GLP se ha iniciado una investigación contra varias empresas que operan en el país que habrían concertado los precios para vender el balón de gas y actuar en contra de los consumidores peruanos. El GLP es un producto muy masivo que se usa para cocinar y que afecta directamente a la persona, al poblador. Incluso hay personas, no sólo empresas, sino también personas naturales, que son parte de las empresas que han participado en el planeamiento y ejecución del cartel de precios" señaló Indecopi en una declaración enviada a este medio.
Si bien Lipigas adquirió Lima Gas en 2013, varios de sus accionistas ya participaban de la propiedad de la distribuidora peruana con anterioridad, entre ellos sociedades ligadas a Pablo Noguera Gorget, Manuel Santa Cruz López; Pola M. Pía, Jaime y Juan Pablo Santa Cruz Negri e integrantes de la familia Vinagre.
Investigación en curso
En el inicio de la investigación el organismo de libre competencia de Perú señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población). Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.
Asimismo, las firmas habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo, ni tampoco la baja del 1% en el IVA (IGV) decretada por la autoridad.
Según reportó la prensa peruana en su momento, el cartel fue calificado por la autoridad como "el más grande descubierto en la historia" del organismo.
Posible sanción
Fuentes conocedoras del tema señalan que la investigación por parte del Indecopi partió de oficio y no por una denuncia. Las firmas involucradas arriesgan multas de hasta el 10% de sus ventas del año anterior. Según la Fecu de Lipigas, la firma acumula ventas por $45 mil millones en ese mercado a septiembre.
Respecto a posibles impactos en Lipigas, las fuentes señalan que estos no serían relevantes, pues la operación en Perú representa el 8% del Ebitda de la firma. Asimismo, Lima Gas es un actor de menor tamaño en el mercado peruano, y tiene una participación de mercado menor al 10%.
El proceso está en su etapa inicial. De hecho las firmas acusadas no han tenido acceso a las pruebas con las que Indecopi elaboró la acusación, y se estima que podría durar hasta tres años en la fase administrativa. Luego de esto, si las firmas son sancionadas, pueden recurrir a tribunales.
Ángel mafucci, gerente general de lipigas: "Hemos tomado esta investigación con la máxima seriedad"
-¿En qué situación está la investigación?
- Está en una etapa inicial y la autoridad aún no ha revelado los indicios probatorios sobre los que se sustenta el proceso. Se trata de una investigación de oficio –sin denuncia de por medio- que lleva adelante Indecopi en Perú y fue notificada a cinco distribuidoras de gas licuado del país vecino en julio de 2015. La investigación se centra en un período anterior a 2011, cuando la propiedad y administración de Lima Gas eran distintas a las actuales. Empresas Lipigas compró Lima Gas en 2013.
-¿Cuándo esperan que finalice el proceso?
-De acuerdo a los plazos previstos en la legislación peruana para este tipo de investigaciones (...), un procedimiento de esta naturaleza toma, en promedio, un plazo de tres años para su resolución administrativa. Luego se puede desarrollar una instancia judicial que puede durar varios años.
-Lipigas se expone a una sanción equivalente al 10% de sus ventas en el segmento de GLP en Perú. ¿Han establecido provisiones para esta eventualidad?
-Sería muy prematuro establecer provisiones por una investigación de oficio que se encuentra en una etapa muy preliminar y tomando en cuenta que no tenemos antecedente alguno que indique irregularidades en la compañía. No obstante, hemos tomado la investigación con la máxima seriedad, como corresponde en estos casos, y estamos colaborando activamente con la autoridad. Estamos realizando una revisión interna para confirmar el correcto funcionamiento de los procesos comerciales y así colaborar con la autoridad en esclarecer cualquier duda que pudiera tener.
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