A buen tranco avanza la tramitación del proyecto de ley que busca reformar las normas para la defensa de la libre competencia y que fue ingresado por el gobierno el pasado mes de marzo. Mañana se votará en la Comisión de Economía el documento, donde uno de sus principales puntos aborda la reposición de las penas de cárcel para los autores de prácticas de colusión.
Aunque son conocidas algunas de las sanciones e inhabilidades que el ejecutivo propuso en un comienzo, esta vez los parlamentarios presentarán nuevas indicaciones con las cuales buscan endurecer aún más las penalidades.
Así es como piden que para los que ejecuten u organicen delitos que atenten a la libre competencia, que busquen una deliberada concentración , fijen precio, limiten la producción o afecten el resultado de licitaciones públicas o privadas en lugar de ser castigados con una pena de reclusión mayor en su grado mínimo -tal como propone el gobierno en su texto original- se cambie por la expresión "reclusión mayor en su grado medio".
Exención de responsabilidades
Así también hay algunas modificaciones que buscan incentivar la delación. Los diputados proponen en relación a las exenciones de responsabilidades criminales no sólo al primero que hubiese aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) -tal como señala el proyecto- sino también al "segundo que haya entregado antecedentes a la FNE... se le reducirá la pena en un grado".
Uno de los diputados que participa de la comisión, Sergio Espejo (DC), señala que la importancia de esta votación radica precisamente la reposición de la sanción penal, que a su juicio es "un eslabón ausente en el instrumental disuasivo y sancionatorio en la lucha contra la colusión y una práctica extendida en el derecho anglosajón, el de mayor tradición y riqueza en la defensa de la libre competencia", especifica.
También destaca la facultad que radicará en el Fiscal Nacional Económico de ejercer la acción penal para deducir querellas en esta materia. "Ello asegura que la responsabilidad penal sólo se persiga cuando el mérito de la investigación y la relevancia de los hechos así lo justifiquen, evitando el uso indiscriminado de la acción penal".
Asimismo realizó una férrea defensa a la sanción penal en casos de colusión, señalando que este delito constituye el mayor atentado contra la libre competencia y "por lo tanto, un atentado grave contra el bienestar social y de los consumidores. Reponer la sanción penal de la colusión es un ejercicio de confianza efectiva en el rol positivo que los mercados juegan en la vida de las personas", concluye.
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