Un proceso administrativo sancionador contra dos empresas comercializadoras de papel higiénico y otros productos tissue, inició el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú.
Después de cerca de un año y medio de investigación, la autoridad está dando este nuevo paso por un presunto acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales.
El secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Jesús Espinoza, entregará hoy más detalles de este primer caso público en ese país, que se inicia bajo la colaboración de una de las involucradas en el cartel de precios (delación compensada).
Este caso se complementa con el que en el plano local protagonizaron CMPC y SCA. La firma nacional también participa en el mercado peruano y habría sido el inicio de una investigación en ese país la que motivó la investigación interna que derivó en el proyecto en Chile. CMPC tiene cerca del 56% de participación de mercado. A septiembre, ha tenido ventas por US$ 241 millones en ese mercado, según una presentación corporativa.
Otros actores que participan en ese país son SCA y Kimberly-Clark.
Fin al secreto
El caso tiene la particularidad de que por primera vez una de las empresas que participó en el cartel ha preferido que los antecedentes del caso se hagan públicos y eso es lo que hoy se dará a conocer con mayor detalle.
En este proceso administrativo sancionador, se presentarán las pruebas y se termina con una sanción. Esto, destacan fuentes en Perú, implica ir más allá de una investigación, sino que equivale a un juicio.
La Comisión de Libre Competencia está monitoreando constantemente sectores estratégicos a nivel económico, especialmente en aquellos con mayor impacto en las personas, lo que derivó en este proceso, dado que hay pruebas concretas del cartel.
TC: Fiscalía responde
La Fiscalía Metropolitana Sur contestó el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional respecto de su competencia en el caso colusión, presentado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En un escrito, la Fiscalía dijo que acá no hay un problema de competencia, porque fue validado por el TDLC cuando le hizo llegar copia del expediente público del caso. Así, las diferencias tienen que ver con que se le solicita información confidencial. La Fiscalía señaló que la entrega de dichos antecedentes no supone la divulgación pública de ellos, sino que simplemente el ingreso a la indagatoria penal, que posee resguardos.
De hecho agrega que dado que esa información tiene el carácter secreto establecido por ley, se adoptarán las precauciones que aseguren que dicha información no será divulgada, por lo que -dice- la ley prevé mecanismos para subsanar las aprehensiones del TDLC.
Por eso, el fiscal Raúl Guzmán pidió al Tribunal Constitucional que se rechace la contienda de competencia planteada, ya que el acceso a esa información debe ser visto por un tribunal superior, como es en este caso la Corte de Apelaciones.
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