Sofofa fue enfática con CMPC y la sueca SCA tras conocer la denuncia de colusión: tendrán que reparar los daños causados a los consumidores por los 10 años que duró el acuerdo. Las fórmulas posibles son varias, pero no parece fácil decidir cuál será la más idónea en un caso que afecta al grueso de la sociedad por un periodo extenso.
Por el momento, dice Ernesto Muñoz, director del Sernac, no existe una sentencia definitiva sobre los mecanismos de compensación. "El tema que estaba más adelantado es el de las farmacias, donde hay todavía diligencias probatorias dirigidas justamente a determinar cuál ha sido el perjuicio", cuenta.
Implementar descuentos en los productos que comercializan estas compañías es una de las opciones. Ello implica determinar las condiciones del mercado, el precio que las empresas deberían haber cobrado a los consumidores en ese periodo y calcularlo mediante modelos econométricos, información que se aporta durante la fase probatoria del juicio, dice Muñoz.
"La segunda parte de este proceso tiene que ver con cómo se hace efectiva esta reparación. Nosotros vamos a estar mirando la experiencia comparada, ya estamos estudiando casos en distintas jurisdicciones. Han existido casos de colusión en Estados Unidos en el mercado de los taxis en Nueva York en la que, ya determinado que existió una infracción, se aplicaron descuentos futuros para beneficiar a los consumidores. Esa es una fórmula que nos interesa explorar pero iremos determinándolo en cada uno de los casos", sentencia.
Por su parte, Conadecus también está inmersa en el estudio de las fórmulas de compensación. Hernán Calderón, el presidente de la asociación de consumidores, explica que además de evaluar el ejemplo del caso farmacias -donde se redujeron precios de productos-, existen otras vías, como los cupones de dinero.
"La rebaja de precios es la más efectiva y se aplica por el periodo suficiente que considere el Tribunal para la reparación. También podría haber un acuerdo de las empresas para hacer la devolución de una manera distinta", afirma.
Según el estudio de la Conadecus, el daño a los consumidores ascendería a US$ 1.200 millones y existen grupos que pueden demostrar este perjuicio. "Las pymes, restaurantes... también son consumidores finales y pueden contar con documentación que acredite la compra, de forma que puedan armarse grupos para probar este daño", dice Calderón en alusión a lo que es tildado por otros expertos como un caso complejo de medir.
De esa opinión, Andrés Grunewaldt, abogado especializado en propiedad intelectual y consumidor del estudio Silva & Cia, considera que en este caso será complejo poder acreditar la alteración de precios durante el periodo. "Nadie guarda boletas, pero el Sernac va a tener que buscar otras formas de acreditar esta colusión, pidiendo por ejemplo, la exhibición de documentación a las empresas infractoras. No es tan sencillo pero es posible", agrega.
"La idea sería demostrar que producto de la alteración de un precio normal, se le dificultó el acceso a otros competidores o pudieron acceder a esos productos y les causó un perjuicio. Hay que aterrizar el perjuicio, por ello el Sernac está requiriendo información específica para ver si corresponde esta demanda", cuenta el experto.
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