Un total de 18 sanciones ha aplicado la Superintendencia de Salud a las Isapres entre enero y abril de este año, cifra que duplica las nueve registradas en el mismo periodo del año anterior. Lo anterior rompe además la tendencia que se observa en los últimos años, ya que en el mismo periodo de 2014 también se aplicaron nueve sanciones.
Los motivos son incumplimientos de plazos y circulares, cobertura y bonificación, contratos, licencia y cotizaciones, entre otras materias.
En ese contexto, Cruz Blanca y Consalud son las aseguradoras que alcanzan más sanciones con cinco y cuatro, respectivamente. Las siguen Colmena (tres), Óptima (tres), Masvida (dos) y Vida Tres (una).
Al respecto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, señaló que si bien el número de sanciones creció entre enero-abril (internamente ya se registran 19), los montos disminuyeron, pasando de 6.320 UF a 3.450 UF en total.
“Hemos puesto mucho énfasis en la reiteración y eso, en general, ha implicado que hay algunas conductas que antes se detectaban, que ya no se están viendo, y probablemente lo que se está sancionando son conductas que por primera vez se realizan y que, por lo tanto, no tienen una sanción tan drástica”, explica.
Situación que es distinta en la vereda de los prestadores de salud, “donde la reiteración se está sancionando severamente. Y ahí la cantidad de multas disminuyó, pero los montos aumentaron de 6.050 UF a 7.310 UF”, dijo.
El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, salió a defender a las empresas y dijo que la institución liderada por Pavlovic “tiene una especie de hemiplejia que hace que focalice todos sus esfuerzos de fiscalización y el enorme presupuesto que dispone, para fiscalizar al sistema que atiende a las personas de mayores ingresos en el país”, que son las aseguradoras.
Si bien le parece bien que el Estado a través de sus organismos ejerza una buena fiscalización, dado que eso permite tener instituciones sanas, advierte que “en este caso hay un notable desbalance en el proceso de fiscalizaciones”, entre el sector privado y el público.
Es por eso que el gremio ha hecho un llamado en más de una ocasión a las autoridades, añade Caviedes, para que el superintendente tenga independencia del poder político.
“Como tenemos un gobierno con vocación estatista, evidentemente la balanza de la fiscalización se inclina hacia el sistema privado”, agrega.
En respuesta, Pavlovic señala que el marco jurídico establece distintas facultades y roles. “Hay toda un área de fiscalización, por ejemplo, de aspectos financieros y gobiernos corporativos de las Isapres que es solo respecto de ellas, no de Fonasa”, dice y agrega que ellos ven el sistema como un todo, porque también fiscalizan hospitales públicos y garantías del sector público, por lo que cree distribuyen bien los recursos.
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