por Jimena Catrón Silo
Hay un número que desde mediados de año ha perseguido a los fiscales de bancos: 20.521. Ése es el número de la ley, que fue publicada en el Diario Oficial el 5 de julio pasado, y que estipula que se prohíbe “la realizacion de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa”. Y además señala que se dará paso a una indemnizacion de perjuicios en caso de que no se cumpla con la ley.
En términos prácticos, esto significa que si una persona de avanzada edad o alquien que lleva un par de días trabajando en su primer empleo piden un crédito hipotecario, no podrán ser rechazados si su historial de pagos es impecable.
Y el problema está en que al ser un cliente más riesgoso, no se le podrá aplicar una tasa de interés superior, considerando que los bancos están trabajando en la planificación de 2012 ya habiendo incorporado una rebaja en la Tasa Máxima Convencional (TMC).
Y otro punto adicional de preocupación está en el hecho que los seguros asociados a los préstamos también podrían subir, dado el mayor riesgo del cliente.
Además, según comentaron fuentes del sector, se suma el hecho que con la nueva ley del Sernac Financiero, el cliente puede pedir las razones del rechazo de un crédito.
De esta forma, se ha configurado lo que ya varios banqueros han denominado “un zapato chino”, del que por el momento se ve difícil poder salir.
Es por ello que varias instituciones financieras han establecido en los últimos días mesas de trabajo internas para ver cómo enfrentarán este tema, y cómo podría golpear a la industria un posible aumento en los niveles de riesgo de cartera.
El rol de la Asociación
Una vez publicada la ley del Sernac Financiero, el pasado 25 de noviembre, los bancos tienen un plazo de tres meses para comenzar a aplicar este nuevo scoring (o sistema de evaluación de clientes).
Y por eso es que las instituciones financieras dejaron en manos de la Asociación de Bancos, encabezada por Jorge Awad, el que está siendo analizado junto al Ministerio de Economía.
La esperanza que les queda está en los reglamentos que aún deben ser dictados por la Superintendencia de Bancos (SBIF) para hacerle frente a la ley.
Según comentó Carlos Budnevich, quien encabeza al regulador, “la implementación práctica de la ley debe cumplirse y eso es lo que estamos viendo actualmente”.
Sin embargo, varios altos ejecutivos del sector explicaron que si bien los reglamentos pueden flexibilizar su aplicación, es prácticamente imposible que se pueda cambiar el espíritu del cuerpo legal.
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