"Yo les hacía su declaración de impuestos y les llevaba la contabilidad desde 1993", declaró Marcos Castro, ex contador del grupo Penta ante el fiscal Carlos Gajardo el pasado el 27 de octubre, sobre su relación con Ernesto Silva Bafalluy y su hijo, Ernesto Silva Méndez, quien es presidente de la UDI actualmente.
La declaración de Castro parecía haber quedado en nada ante la avalancha de información que ha salido a la luz pública dentro del caso Penta. Pero no para el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En una querella presentada ayer contra Castro y el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, el CDE relata los pagos por servicios a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) por parte de personal de Penta para "rectificar" las declaraciones de impuestos.
Así, señala el CDE, surge un archivo donde aparecen personas naturales a quienes Iván Álvarez, ex fiscalizador del SII, "les veía" sus temas tributarios.
Entre éstos se encuentran familiares de los controladores de Penta y Silva Bafalluy junto a su hijo. "Respecto del primero", dice la querella", "Marcos Castro señala haberle llevado su contabilidad como un asunto particular".
Pero, en cuanto al presidente de la UDI, la querella señala que "deberá ser materia de investigación los motivos por los cuales la presentación de declaración de sus impuestos aparece medida por gestiones que realizan ejecutivos de Penta (refiriéndose a Castro) con el funcionario del SII querellado".
Bravo y Castro
La querella criminal presentada ayer va contra del ex funcionario del grupo Penta, Hugo Bravo y el ex contador Marcos Castro, por los delitos de soborno.
Además, la demanda considera acciones por el delito de cohecho en contra de los ex fiscalizadores del SII, Iván Álvarez, y Juan Martínez.
Respecto a Bravo y Castro, la denuncia indica que los imputados "consintieron en dar y pagar importantes sumas de dineros a Álvarez y Martínez", quienes eran los funcionarios del SII encargados de fiscalizarlos.
Esto, "con el fin de que los funcionarios públicos intervinieran y favorecieran la realización de trámites tributarios y observaciones efectuadas a las declaraciones, ya sea apurando dichas gestiones o bien participando directamente en la rectificación de las mismas, con evidente infracción a los deberes de su cargo".
Mientras en lo que concierne a Álvarez y Martínez, se sostiene que el delito de cohecho "no se concibió sin la existencia de la persona que corrompe al funcionario público a través del pago de dádivas o beneficios económicos".
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