por N. Godoy y E. Robledo
Una dura respuesta están preparando los principales grupos económicos del país a los recientes cambios que propuso la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para impulsar mejores prácticas en los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas del país.
Los reparos surgen tras los análisis que encargaron sobre la materia a distintos bufetes de abogados tanto el grupo Angelini, que incluye a Empresas Copec y Celulosa Arauco; el grupo Matte, que contempla a CMPC, Bicecorp y Colbún; como el grupo Luksic, que controla Banco Chile, Quiñenco, Antofagasta PLC, CCU y Canal 13.
La Sofofa también se sumaría a esta lista cuyos comentarios serán presentados por escrito entre hoy y mañana ante la SVS.
Precisamente, el plazo legal de 30 días para realizar consultas sobre la nueva normativa impulsada por la referida Superintendencia vence este sábado 4 de agosto.
Los puntos críticos
Según trascendió, el grupo Angelini presentará hoy un informe encargado al estudio Ortúzar, Aguila y Concha. En él, según cercanos al conglomerado, le señalará a la SVS que su propuesta sería “inconstitucional e ilegal”. Acorde con sus argumentos, la SVS no estaría facultada para imponer medidas que no estén contempladas en la normativa base que es la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas ni tampoco en la Ley Nº 20.382 que introduce perfeccionamientos a dicho marco jurídico y que regula los gobiernos corporativos de las empresas.
En la misma línea, el grupo Matte, representado por el estudio Correa Gubbins, presentará un informe legal donde sostendría que el órgano abocado al tema de gobiernos corporativos sería la Bolsa de Comercio, tal y como ocurre en ciertos países. En Brasil, por ejemplo, el BM&FBovespa tiene un rol más activo en cuanto a exigencia de responsabilidades y transparencia de las compañías.
Fuentes del mercado señalaron que el grupo Luksic también estaría cuestionando la propuesta e indicaron que el estudio Noguera, Larraín y Dulanto sería el que verá este tema.
En la industria valoran el llamado a “la autorregulación” y concuerdan en que “las cosas se pueden hacer mejor de lo hecho hasta ahora”. Sin embargo, advierten que no le correspondería a la SVS en su calidad de ente fiscalizador ejercer un rol que en otros países asumen las bolsas de valores. También dicen que además de haber problemas en la forma del escrito, existirían graves incongruencias en el fondo.
La polémica se originó a partir del pasado 4 de julio, cuando la SVS puso a disposición del público una propuesta de normativa que requerirá a los directorios -y a los directores en particular- de las sociedades anónimas abiertas una autoevaluación anual respecto del grado de adopción de estándares de buen gobierno corporativo establecidos en la propia propuesta de normativa.
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