En el marco de las disputas gatilladas a raíz de los impactos de la pandemia y el estallido social en la actividad del sector aeronáutico entre Nuevo Pudahuel -encargada de operar el Aeropuerto AMB- y el Ministerio de Obras Públicas, el conflicto iniciado por la concesionaria con el ingreso de una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones acusando una fuerte merma en sus ingresos llegó a su fin este mes, luego de que la Comisión Arbitral falló a favor de esa sociedad el pasado 15 de mayo.
El conflicto se remonta a principios de 2021, cuando Nuevo Pudahuel solicitó al panel reconocer la pandemia como un hecho sobreviniente, cuyos efectos sobre el tráfico aéreo “alteraron sustancialmente y en forma duradera” el equilibrio económico del contrato.
Para compensar estos efectos, la sociedad propuso dos soluciones: la revisión del contrato, y el ajuste del plazo del contrato y el porcentaje de ingresos totales. Pero a pesar de que el panel reconoció la pandemia como un hecho sobreviniente, rechazó las dos propuestas formuladas por Nuevo Pudahuel, debido a que estas resultaron “improcedentes” por los argumentos esgrimidos.
Concesionaria argumenta que la conmutatividad del contrato fue quebrada por la pandemia, cuyas consecuencias constituyeron un riesgo no asumido por ésta.
Con estos puntos sobre la mesa, la concesionaria decidió interponer a principios de 2022 una demanda de cumplimiento de contrato contra el MOP en la Comisión Arbitral, donde argumentaron que la conmutatividad del contrato fue quebrada por la pandemia, cuyas consecuencias constituyeron un riesgo no asumido por ésta.
Para restaurar la conmutatividad, el demandante solicitó en su acción principal la adaptación del contrato por parte del MOP, para así obtener un mayor plazo, de modo tal que las consecuencias económicas producidas por la pandemia sean distribuidas equilibradamente entre las partes. En caso de que esa petición no fuese aceptada, la concesionaria solicitó una indemnización por los perjuicios causados.
Finalmente, si ninguna de las demandas anteriores era acogida, Nuevo Pudahuel pidió a la Comisión que se obligue al Fisco a modificar el contrato de concesión, para así permitir la recuperación de la inversión, mediante una negociación de buena fe dentro de un período máximo de seis meses desde que fuese notificada la sentencia.
Jessica López, ministra de Obras Publicas. Foto: Verónica Ortíz
Estos antecedentes llevaron a la comisión a rechazar las principales demandas. Sin embargo, aceptaron la última, reconociendo la pandemia como un hecho sobreviniente que afectó la conmutatividad del contrato, obligando al MOP a negociar la modificación del contrato.
Consultados al respecto, Nuevo Pudahuel detalló que la resolución de la comisión es consistente con la posición de la empresa, puesto que “enfatiza que existe una necesidad justa y crítica de restablecer la conmutatividad y el equilibrio de su contrato con el Estado chileno”.
Asimismo, la concesionaria afirmó que está dispuesta a iniciar un diálogo constructivo con el MOP para cumplir con el mandato de la institucionalidad chilena independiente de alcanzar, dentro de los próximos seis meses, un acuerdo para consolidar la Asociación Público Privada entre el Estado de Chile y Nuevo Pudahuel. “Este acuerdo es clave para entregar a los pasajeros la mejor experiencia y servicio, y trabajar juntos en los desafíos futuros del Aeropuerto de Santiago”, concluyó la empresa.
Por su parte, el MOP afirmó que el fallo no se ajusta a la posición que ha sostenido la defensa fiscal.
Recurso de queja
La resolución de la Comisión Arbitral no dejó contenta a la cartera. Es por ello que hace algunos días el Consejo de Defensa del Estado -en representación del MOP- interpuso un recurso de queja en la Corte de Apelaciones contra los jueces que dictaron el fallo, debido a que cometieron “faltas y abusos graves” en su sentencia.
De acuerdo a lo explicado por el CDE, los jueces cometieron en la sentencia faltas o abusos graves consistentes en contravenir disposiciones de la Ley de Concesiones; sumado a que su fallo fue emitido en base a una “errónea” apreciación de los antecedentes.
Cabe destacar que además del recurso de queja, la entidad solicitó a la justicia decretar una orden de no innovar, para que mientras el proceso esté en curso, se suspenda los efectos de la sentencia, petición que fue rechazada por la corte.
Conflictiva relación
Este no es el primer conflicto que involucra a Nuevo Pudahuel y el MOP. Desde el 14 de abril de 2015 -período en el cual la sociedad se adjudicó la concesión-, la empresa ha ingresado 14 discrepancias al PTC, conflictos que han involucrado sobrecostos en las obras, atrasos en la construcción, pérdida de ingresos por el Estallido Social y la pandemia, incumplimientos de contrato, entre otros.
Pero los conflictos entre ambas entidades también han llegado a manos de la justicia. Por ejemplo, en 2019 Nuevo Pudahuel y el MOP se enfrentaron en la Comisión Arbitral debido a supuestos incumplimientos de contrato, proceso que terminó en una indemnización a Nuevo Pudahuel por US$ 5 millones.
A este se le suma otro conflicto entre ambas partes que llegó a la Comisión Arbitral, que terminó en un acuerdo en 2023, donde el MOP tuvo que compensar a Nuevo Pudahuel con unos US$ 55,5 millones, debido a una serie de retrasos en las obras.
Finalmente, en 2021 la concesionaria demandó al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para así lograr extender el contrato de concesión, conflicto que a la fecha sigue vigente.
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