Casi tres meses han transcurrido desde que Ibereólica Cabo Leones II (ICLII) -empresa operada en un 51% por GPG Naturgy, y 49% por Ibereólica Renovable Chile- se convirtió en la segunda empresa de energías renovables que declaró insolvencia. No pasó mucho tiempo cuando sorprendió con el arriendo de sus activos a Enerbosch, desatando el debate en la industria y la posterior negativa del Coordinador Eléctrico. Incluso, la firma fue a la justicia contra el organismo que supervisa la operación del sistema.
Pero el conflicto sigue escalando. El 23 de diciembre, el Coordinador Eléctrico denunció a Ibereólica Cabo Leones II ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por incumplir con la entrega de información sobre los contratos de suministro vigentes con empresas distribuidoras en un acto de autotutela. Esto, ya que la firma planteó no ser empresa coordinada respecto de ninguna instalación interconectada al sistema.
“Dejar caer a estas renovables sería también un fracaso de la gestión que logró diversificar el número de actores, y un retroceso en la descarbonización”.
"A Ibereólica le consta que el reemplazo que busca obtener no ha sido aprobado y que, por tanto, mantiene la calidad de coordinado, pero intenta resolver sus diferencias con este Coordinador mediante acciones de autotutela, forma de resolver conflictos que está proscrita por nuestro ordenamiento jurídico como un intento de hacer justicia por mano propia, sin acudir al órgano jurisdiccional pertinente y que, de aceptarse, pondría en grave peligro la coordinación de la operación del sistema eléctrico, en todo ámbito", enfatizó el organismo a la SEC.
A días del último hito que se ha escrito en este conflicto, Cabo Leones II accedió a responder por escrito consultas de DF, asegurando: "No incumplimos con la entrega de información al Coordinador Eléctrico Nacional. Dicha comunicación pretendía recoger la información necesaria para determinar las nuevas garantías que debían constituirse por los participantes del mercado de corto plazo, lo que no aplica a Cabo Leones II, ya que se encuentra excluida de dicho mercado".
Según explica la empresa, en forma oportuna comunicaron al Coordinador la imposibilidad de Cabo Leones II de continuar participando del mercado, atendida la crítica situación financiera por la que atraviesa. "Sería un acto muy irresponsable de nuestra parte pretender reincorporarnos al mercado, ya que ello conllevaría un seguro rompimiento de la cadena de pagos en el muy corto plazo. Entendemos que el Coordinador está consciente de aquello y que su actuación no pretende forzar nuestro reingreso al mercado a sabiendas de que ello atentaría directamente contra su misión de preservar la integridad de la cadena de pagos del mercado", dicen.
Y enfatiza: "Las empresas que están detrás de Cabo Leones II, GPG e Ibereólica Renovables Chile, son inversionistas extranjeros de vasta trayectoria y presencia mundial, que desarrollaron sus proyectos en Chile con una mirada de largo plazo, y nunca esperaron tener que verse enfrentados a iniciar acciones legales para poder seguir operando sus plantas ERNC y continuar contribuyendo a asegurar la operación más eficiente y económica del mercado".
En estos últimos meses, agregan, "lo que estamos haciendo valer es simplemente nuestro derecho de poder disponer libremente de nuestros activos y asegurar con ello la continuidad operacional de los mismos, con el fin de poder continuar aportando energía renovable limpia y barata al sistema".
No debe olvidarse -recalcan- "que en la actualidad Cabo Leones II inyecta periódicamente energía al sistema sin recibir pago alguno por ello". "O, lo que es lo mismo, los incumbentes del mercado se benefician actualmente de la energía producida por Cabo Leones II sin tener que pagar suma alguna por ello, de tal manera que como puede apreciarse, el 'reemplazo', no es un camino para rentar como empresa, sino que uno que posibilita mantener operando las plantas para beneficio del sistema", detalla.
- ¿Por qué usan como argumento que no cuentan con la calidad de empresa coordinada si el reemplazo informado no ha sido aprobado por el Coordinador? ¿Siguen asegurando esto o fue un error?
- El Coordinador no tiene dentro de sus atribuciones aprobar o rechazar un reemplazo, ni tampoco impedir que se concrete, si se cumplen todas las condiciones que la normativa establece, como en este caso. En ese sentido, Cabo Leones II es propietario del activo; en segundo lugar, el reemplazante (Enerbosch) es un generador que cumple con los requisitos para ser coordinado; y en tercero, existe un título que habilita al reemplazante a operar el activo en reemplazo de su propietario. En cuanto al reemplazo del PFV San Pedro, ocurre lo mismo, solo que tiene un solo propietario: GPG.
El reemplazo fue informado por Cabo Leones II al Coordinador el pasado 8 de noviembre. Por normativa aplicable, éste debió haberlo cursado dentro de 30 días (plazo que expiró el pasado 7 de diciembre), y haber reconocido a Enerbosch como reemplazante de Cabo Leones II para la operación de las plantas a partir del día 8 de diciembre en adelante.
Esa es la razón por la cual sostenemos que corresponde que a partir de esa fecha, todas las comunicaciones que el Coordinador envíe a los coordinados deben dirigirse a Enerbosch en lo relativo a la operación de Cabo Leones II y PFV San Pedro.
Obviamente si el Coordinador, en uso de sus atribuciones, accediera a cursar los pagos correspondientes a los aportes de energía que Cabo Leones II continúa efectuando al sistema pese a encontrarse suspendida del mercado -que por lo demás, los tiene valorizados, y que hoy implican que los incumbentes se benefician de la energía generada por Cabo Leones II-, la compañía podría continuar actuando como el coordinado de sus plantas, ya que tales pagos darían viabilidad financiera a la operación.
- ¿Cómo responden a la afirmación del Coordinador en cuanto a que intentan resolver sus diferencias mediante acciones de autotutela, intentando imponer su posición mediante hechos consumados? ¿Lo ven como un ataque personal?
- Rechazamos tajantemente esa afirmación y no entendemos su posición. La compañía está recurriendo a herramientas que la normativa contempla, en los plazos estipulados por ella misma, tanto para las empresas como para el Coordinador. Este último tenía 30 días de plazo para cursar el reemplazo y aún no lo ha hecho, imponiéndonos exigencias que nunca ha puesto para cursar reemplazos, lo que escapa completamente a atribuciones técnicas. Lo único que persigue la empresa es hacer valer sus derechos, y disponer de sus activos para poder mantener la operación de las plantas.
- ¿Cuál es el estado y las perspectivas que le ven a las acciones que interpusieron en la justicia contra el Coordinador Eléctrico?
- Esperamos una pronta decisión respecto al fondo de los recursos de protección, los cuales ya han sido declarados admisibles.
- ¿Acudirán en paralelo a otras instancias judiciales o internacionales -como el CIADI- para resolver este conflicto?
- Todas las opciones están sobre la mesa y serán evaluadas en su mérito.
- ¿Están buscando otras vías para poder cumplir con sus obligaciones? ¿Se descarta cualquier posibilidad de pago?
- En esto queremos ser muy claros y enfáticos: Cabo Leones II ha dado íntegro cumplimiento a las obligaciones de pago que adquirió como participante del mercado de corto plazo, de modo que la empresa no tiene obligaciones de pago pendientes. Luego de solicitar que se ejecutara su boleta de garantía en octubre pasado, y tras haberle comunicado el Coordinador los saldos pendientes que no alcanzaron a cubrirse con la boleta, la compañía desembolsó del orden de $ 4 mil millones de pesos adicionales, e hizo todas las transferencias correspondientes a los otros actores del mercado que eran a esa fecha acreedores de Cabo Leones II, habiendo extinguido dichas obligaciones al cien por ciento. Cabo Leones II no mantiene deudas con otros actores de la cadena de pagos, y el Coordinador está debidamente informado de aquello.
Paradójicamente, hoy en día, Cabo Leones II sigue inyectando energía, contribuyendo a garantizar la operación más económica del sistema, sin recibir pago alguno de parte de los incumbentes del mercado que adquieren y consumen la energía producida por sus plantas, lo cual solo profundiza la inestabilidad financiera de la compañía y aumenta gravemente el riesgo de liquidación forzosa de ésta, lo que de concretarse suprimirá competencia en el mercado.
- Según la información que tenemos, se esperaba la llegada a Chile de ejecutivos de GPG (grupo Naturgy) para insistir en sus planteamientos. ¿Esto sucederá finalmente? ¿Qué otras gestiones se desplegarán?
- Creemos que es importante que las autoridades de todo nivel estén en conocimiento de la gravedad del problema estructural que está afectando a varias empresas de energías renovables, no solo a Cabo Leones II. El problema de fondo es la magnitud de los desacoples entre los precios de inyección y retiro en el sistema y la falta de infraestructura de transmisión de energía, inversiones que ya el Gobierno aseguró que estarían operando a estas alturas.
Lo que está en juego es el atractivo del país para hacer inversiones en energías renovables. No se puede pretender que sean los inversionistas que apostaron por Chile los que tengan que asumir todos los costos de la falta de planificación e inversiones en transmisión y de las ineficiencias del mercado eléctrico.
Dejar caer a estas renovables sería también un fracaso de la gestión que logró diversificar el número de actores, y un retroceso en el camino a la descarbonización. Naturalmente, hay actores extranjeros muy atentos a cómo se resuelva nuestro caso para determinar si Chile sigue siendo atractivo o no como destino de inversión en renovables.
- ¿Cuál es el plazo para seguir intentando resolver este conflicto a su favor? ¿Cuál es el límite en esta disputa?
- Dada la situación delicada de la compañía, esperamos que estos temas se resuelvan lo antes posible. Somos los primeros en querer encontrar una solución a este problema y en ponernos a disposición de quien corresponda para seguir aportando al impulso de las energías renovables en Chile, pero no creemos que deba ser a costa de las empresas que apostaron por el país y de violar los derechos constitucionales de estos.
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