La madrugada de este martes la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el informe técnico final de valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión 2020-2023, documento clave en el proceso de tarificación de este segmento, el que además es el primero que se hace con las modificaciones legales establecidas en 2016.
El proceso, que no estuvo exento de cuestionamientos por parte del nuevo gremio de transmisores que representa a más del 80% del mercado, valoriza el conjunto de instalaciones que no han sido licitadas según el plan de expansión de la transmisión.
Esas instalaciones provienen de inversiones hechas con anterioridad a los procesos de expansión, y que, a la fecha, representan casi el 75% de todas las existentes. La ley exige que dicha infraestructura tenga un valor equivalente al costo-eficiente de construirlas y explotarlas según precios y condiciones de mercado actualizados.
El efecto que tendrá en los ingresos tarifarios de las transmisoras respecto a lo que estaba vigente dependerá de cada empresa, ya que estas instalaciones son sólo las no licitadas en los planes de expansión posteriores al cambio legal.
Desde la CNE indicaron que los resultados de esta valorización se traducirán en “modificaciones de los actuales cargos tarifarios de transmisión, que son pagados por todos los clientes del sistema eléctrico” y que a nivel de tarifa residencial representan del orden del 10% de la cuenta final.
Además, “como los precios están estabilizados, una vez que termine el proceso, corresponderá hacer las reliquidaciones respectivas”, agregaron.
Sin embargo, el documento no habría dejado conformes a las firmas. Según trascendió, aunque reconocen mejoras y cerca del 40% de las observaciones surgidas en el proceso se habría acogido (total o parcialmente), el otro 60% de comentarios no habrían sido incorporadas.
En mayo, el gremio había acusado supuestas irregularidades que estarían significando que hasta ese momento el valor de sus activos utilizados para efectos de determinar sus ingresos regulados disminuiría entre 40% y 70% con respecto a los valores vigentes, dependiendo de la compañía.
Fuentes detallan que con este informe se reduciría el valor de los activos en poco más de un 20%.
Al ser consultada la CNE, la entidad liderada por José Venegas reconoce que “algunas empresas podrían ver reducciones en sus ingresos por concepto de estas instalaciones, entre 12% y 23% en promedio”.
“Recordar que hay un efecto de disminución de la tasa de descuento establecida en la ley, que ya implica aproximadamente un 12% a la baja en la valorización”, recalcan.
Esto tendrá un efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2020. Por eso, las transmisoras habían comenzado a prepararse, provisionando montos.
Por ejemplo, según reconoció Transelec en sus resultados a marzo, sus ingresos de actividades ordinarias disminuyeron 18,5% respecto al primer trimestre de 2020, debido principalmente a una provisión por este concepto.
Por esto, aunque la opción de ir a la Contraloría General de la República ha estado presente en el marco de esta tramitación, fuentes de la industria comentan que algunas firmas comenzaron a preparar sus discrepancias para presentarlas en el Panel de Expertos, instancia que dirime conflictos del sector eléctrico.
Para este último camino, las empresas tienen un plazo de 10 días hábiles.
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