A poco más de dos meses desde que la central hidroeléctrica Pangue, ubicada en la Región del Biobío, fuera tomada por un grupo de personas vinculadas a comunidades mapuche de la zona, la delegada regional, Daniela Dresdner, autorizó ayer el desalojo de las instalaciones operadas por Enel.
Frente a esto, la empresa valoró la acción de la autoridad y comunicó que a partir de ahora "nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío", dijo.
Asimismo, la empresa italiana se comprometió a volver a poner en marcha la planta "a la brevedad", con el estándar de operación y confiabilidad de esta unidad.
"Sin perjuicio de perseguir las responsabilidades respectivas en su momento y ante quien corresponda, tutelamos los mecanismos de diálogo respetuoso y transparente instalados en el territorio y confiamos en el trabajo colaborativo para el desarrollo local construido con las comunidades en Alto Biobío", señaló la firma a través de un comunicado.
Las instalaciones de la central se encontraban ocupadas desde el 24 de enero por miembros de la comunidad Aukin Wallmapu, liderada por la dirigente María Curriao Reinado, quienes exigían el cumplimiento de un conjunto de acuerdos con la compañía de energía. Entre ellos, un memorial alusivo a un cementerio mapuche que se encontraba en la zona y que fue inundado en 2004 tras la construcción de la central, iniciativa que aún no ha visto la luz.
Por este motivo, desde la comunidad indígena del lugar advirtieron que esta manifestación "es solo el comienzo" de un conjunto de acciones que se disponen a realizar a futuro. En este sentido, María Curriao defendió el actuar de la comunidad y sostuvo que "esto no va a quedar aquí", según consignó Radio Bío-Bío.
Los caminos de la empresa
Uno de los primeros efectos de las protestas en la zona respecto del cual alertó Enel, fue el peligro al que se veía expuesta la generación no solo de Pangue, sino también de otras centrales pertenecientes a la cuenca del Biobío, y con ello el suministro de agua destinada a riego. De manera que la empresa acudió al Ministerio Público para presentar una serie de denuncias en contra de los manifestantes.
Así, la firma solicitó medidas de resguardo para los operadores de la central, y además alertó sobre lo sucedido a través de cartas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En ese escenario, Enel calificó los hechos como de "la mayor gravedad, con potenciales serias consecuencias en la población e infraestructura de la cuenca aguas abajo de la presa".
En ese marco, la empresa había advertido que la continuidad operacional "así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas".
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