Un duro golpe recibió este martes el gobierno -y de paso los gremios de servicios básicos- luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento presentado por el Ejecutivo que buscaba impugnar un artículo incluido en la ley miscelánea que obliga a reconectar a clientes morosos.
Con respeto frente a la decisión, pero a la espera de conocer los fundamentos de la sentencia, fue recibida la definición en Empresas Eléctricas. "Más allá de este resultado, mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe", señaló en una declaración el director ejecutivo del gremio, Juan Meriches.
En esa línea, dijo esperar que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda "para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios”.
En la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) también mostraron respeto a la decisión del TC. Sin embargo, no dudaron en manifestar su preocupación ante -las que calificaron- "severas falencias técnicas de dicha normativa, que exige la reconexión forzosa del servicio de gas por redes en un plazo perentorio de 48 horas en eventos de catástrofe, sin contemplar los resguardos de seguridad que esa reposición exige".
El presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés, reiteró: "La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas". “Respetamos la decisión del Tribunal. Precisamente porque asumimos esa responsabilidad con seriedad, insistimos en algo que no admite excepción: en gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo”, enfatizó.
Según explicó el gremio, en el gas por redes, reponer el servicio exige verificar antes que las redes e instalaciones estén en condiciones seguras, y un plazo perentorio de 48 horas aplicado por igual a todos los casos obliga, en los hechos, a elegir entre cumplir el plazo o resguardar la seguridad de las personas. "Nuestra industria siempre velará por lo más importante, que es la seguridad de las personas", agregó Cortés.
AGN recordó un informe técnico Independiente elaborado por Gamma Ingenieros -firma que ha participado en la elaboración de las normas de seguridad del sector- que confirma que ese plazo no es técnicamente practicable como exigencia perentoria e indiferenciada, y que omitir las verificaciones previas expone a las personas a fugas, intoxicaciones y explosiones.
El gremio sostuvo que la experiencia lo respalda. Detallaron que, tras el terremoto de 2010, solo en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, se requirieron más de 46.500 reposiciones de gas, con plazos de entre tres semanas y cuatro meses según la zona y más de 70 equipos trabajando en turnos de día y noche, sin registrar incidentes. "Ese esfuerzo se realizó, además, bajo una regulación que entonces no exigía la presencia de un adulto para reconectar; con la normativa vigente, los plazos serían aún mayores", dijeron.
"Como industria, AGN resguardará siempre las verificaciones de seguridad que la reglamentación exige antes de reponer el gas. Para que el plazo legal y la seguridad de las personas puedan cumplirse en la práctica, es indispensable que la autoridad sectorial establezca con claridad cómo se concilian. AGN pone su experiencia técnica a disposición para colaborar en esa implementación", añadió la asociación.
Cabe recordar que, tras la presentación del Ejecutivo, el jueves de la semana pasada Empresas Eléctricas, AGN y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) se alinearon con el Ejecutivo y presentaron también sus escritos respectivos ante el TC.