"Liviandad", atenta contra "derecho de propiedad" e "inconstitucional": las razones de las empresas de servicios básicos para insistir ante el TC por norma que obliga a recolectar a morosos
Empresas Eléctricas y AGN arremetieron nuevamente en la entidad para que, aprovechando una causa pendiente respecto a control preventivo obligatorio de constitucionalidad del articulado, se derogue la normativa cuestionada.
Por: Karen Peña
Publicado: Viernes 28 de agosto de 2026 a las 12:48 hrs.
Foto: Julio Castro
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Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento presentado por el Ejecutivo que buscaba impugnar un artículo incluido en la ley miscelánea, el cual establece la restitución gratuita de los servicios de agua, electricidad y gas en zonas de catástrofe a pesar de que las personas estén en deuda de estos servicios, aún parece no cerrarse del todo el debate.
Si bien ya se habían alineado a la oposición manifestada por el Ejecutivo presentando escritos ante el TC, la Asociación de Empresas Eléctricas y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) arremetieron nuevamente en la entidad para que, aprovechando una causa pendiente respecto a control preventivo obligatorio de constitucionalidad del articulado, se derogue la normativa cuestionada.
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En un escrito de 11 páginas, AGN enfatiza que "uno de los varios problemas constitucionales del artículo 31 es que, sin perjuicio de contemplar limitaciones de orden excepcional, a partir de desastres, está, sin embargo, absolutamente desvinculado de la declaración de Estado de Excepción Constitucional de catástrofe".
Por lo mismo, se añade que las severas restricciones al derecho de propiedad que contempla "quedan huérfanos del indispensable fundamento que sólo le podría dar un título como aquel".
Y sentencian: "Cualquiera sea la tesis que se adopte en cuanto a la relación entre la ley N° 16.282 y el régimen de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el artículo 31 que nos ocupa no puede sobrevivir el escrutinio constitucional".
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Mientras, Empresas Eléctricas -en un documento más extenso de 23 páginas- reiteró que la declaración de inconstitucionalidad que se solicita no afecta la validez ni la vigencia del resto del articulado del proyecto, ni compromete las legítimas finalidades de reconstrucción y reactivación económica que lo animan, ni menos aún la disposición de las empresas asociadas a colaborar, dentro del marco constitucional y legal vigente, con la pronta reposición de los servicios básicos en las zonas afectadas por la catástrofe.
"Lo que se solicita es, precisamente, que dicha colaboración se articule por los cauces institucionales, deliberativos y de quórum que la propia Constitución reserva para la restricción de derechos en situaciones de excepcionalidad", recalcaron.
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En la argumentación del gremio, reconocen que "llama poderosamente la atención la liviandad con que la norma cuestionada pretende exigir que se restablezca el suministro, sin permitir un margen o espacio para ponderar si dicha gestión es posible de realizar en condiciones de seguridad que no supongan un peligro para la vida e integridad de los usuarios, pues en muchos casos no se cuentan con las instalaciones e infraestructura básica que permita realizarla sin riesgo o peligro para ellos".
De hecho, complementa el gremio, "en muchos casos aquello resulta prácticamente imposible" sin que previamente se realice un diagnóstico y la ejecución de obras que permita un empalme conforme a la normativa técnica.
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