La Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), informaron los resultados del concurso público 2022 para la renovación parcial de las nóminas de expertos para integrar las Comisiones Arbitrales. Y se designó a 10 nuevos abogados que pasarán a formar parte de estas instancias que dirimen las disputas y controversias entre las concesionarias de infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Esto, según lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas -que establece que las controversias o reclamaciones producidas en el marco de un contrato de concesión, podrán ser llevadas por las partes al conocimiento de una Comisión Arbitral o de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según el abogado Francesco Campora, una mejora necesaria para el sistema es “buscar técnicas que disminuyan los tiempos de los juicios arbitrales”.
De acuerdo al documento emitido por el MOP, los expertos designados -que se mantendrán en su cargo durante los próximos cinco años- corresponden a Ricardo Alcalde, Mario Barrientos, Francesco Cámpora, Javier Carvallo y Ramón Cifuentes. Y a estos se suman Carmen Domínguez, Gabriel Hernández, Tomás Monsalve, Ignacio Ried y Raúl Tavolari.
Entre los requisitos que se les exige a los expertos, los interesados deben ser profesionales universitarios (abogado o ingeniero), con destacada actividad profesional o académica en sus respectivas áreas de desempeño, y deben acreditar al menos 10 años de ejercicio profesional. Además, deben ser electos a través de un concurso público que es decidido por la Corte Suprema.
De esta manera, luego de formar parte de la nómina, los abogados deben ser designados como integrantes de la Comisión Arbitral, de común acuerdo por las partes o mediante un sorteo ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).
Desafíos en materia de arbitraje y paridad
Francesco Cámpora, socio de Letelier Cámpora, árbitro de la CAM Santiago y miembro del listado de árbitros elegibles para conflictos de concesiones de obra pública, explica que el rol de la Comisión Arbitral resulta fundamental en este tipo de conflictos pues es, precisamente, el tribunal llamado a resolverlos de manera definitiva.
Al respecto, señala que a diferencia del Panel Técnico de Concesiones -cuya función recae en intentar prevenir la judicialización de conflictos a través de la emisión de una recomendación-, la comisión está dotada de jurisdicción y “tiene competencia para conocer de todas las controversias entre las partes con motivo del contrato de concesión”.
“La última gran modificación de la institucionalidad de concesiones fue hace más de 10 años, con la Ley 20.410. Ciertamente, es necesario analizar la experiencia verificada desde entonces para mejorar el funcionamiento del sistema, por ejemplo, mediante la adopción de las mejores prácticas del arbitraje a nivel internacional, a fin de ofrecer a los usuarios procedimientos modernos y eficientes”, explica Cámpora.
A su juicio, una mejora en este aspecto sería “buscar técnicas que disminuyan la duración de los procesos arbitrales, pues existe una opinión generalizada de que se han extendido más de lo debido”.
Por su parte, Carmen Domínguez, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y la única mujer entre los miembros de la Comisión Arbitral, dicha instancia aborda una materia técnica y compleja, lo que explica que los árbitros seleccionados sean nombrados de acuerdo a su experiencia y desarrollo profesional. Y menciona que, en general, los casos de mujeres árbitros son bajos.
“Muchas veces tiene que ver con el dominio de la materia que hace que por las mismas razones que vemos en general en todos los ámbitos jurídicos, disminuya la presencia de abogadas en ciertos niveles (...) Esto nos pone un desafío en cuanto a que hacia el futuro pueda haber más mujeres (en estos espacios), y de preguntarse cómo uno puede generar mayor participación de mujeres”, expresa Domínguez.
En esta línea, la profesional señala que el mayor reto tiene relación con ejercer jurisdicción en una comisión colegiada. “Me alegra mucho haber sido nominada. Es un honor y una responsabilidad que asumo con la mejor de las energías”, indica.
Proceso pendiente
En paralelo a este proceso, el TDLC comunicó al MOP que el número de postulaciones para la nómina de profesionales expertos de áreas ligadas a la economía, la ingeniería o la construcción -correspondiente a cuatro postulaciones- finalmente resultó inferior al número de cupos que debe completar (cinco). Por ello, solicitó llamar nuevamente a concurso público de antecedentes, e indicó que de lo contrario, no será posible cumplir con su mandato legal.
“Considerando lo anterior (...) se declaró parcialmente desierto el “Concurso Público de Antecedentes 2022 para la Renovación Parcial de Nómina de Expertos Abogados y Profesionales ligados a la Economía, Ingeniería o la Construcción para integrar Comisiones Arbitrales de los Contratos de Concesión de Obra Pública’”, indica el documento.
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