Por Miguel Bermeo
“Esta institucionalidad ambiental es algo que el Congreso decidió y, por lo tanto, es la institucionalidad que el país se ha dado”, fue la respuesta de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, a las comentarios del ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, quien señaló a Diario Financiero, que “no sabemos (si los tribunales ambientales) van a ser tribunales con un sesgo que responda a una lógica más gubernamental”.
Ahondando más en este punto, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, agregó que “llama la atención (la crítica) porque en el primer informe de la Corte Suprema respecto de los tribunales ambientales (...) fue favorable. Ahora bien, hubo una serie de modificaciones al proyecto de ley y así el segundo y tercer informe fueron desfavorables. Llama la atención el cambio de postura de la Corte Suprema respecto de una misma institución”.
Las dos vías
Respecto de la elección entre recursos de protección antes o tribunales ambientales, la ministra Benítez dijo que “los recursos de protección son garantizados por la Constitución. Así que tal como existe el Tribunal de la Libre Competencia, van a existir ahora tribunales ambientales, especializados, y, la lógica diría, que los recursos debieran acogerse en esta vía”.
El subsecretario explicó que la pregunta es qué uso se le dará al recurso de protección “De acuerdo a la ley, la discusión de cuestiones técnicas de fondo le va a corresponder a los tribunales ambientales y el recurso de protección debiera volver a su naturaleza cautelar”.
Para Irarrázabal, el tema no es la judicialización, sino cuando ésta sustentada “en fundamentos técnicos. Esa es la crítica a esta situación actual”.
Otro problema, dijo Irarrázabal, es que esta judicialización sea “con argumentos técnicos deficientes. Tal cual como señaló la ministra respecto de la situación de Castilla”, recordó Irarrázabal.
El subsecretario agregó que “es muy importante para las empresas tener presente que muchas veces la evaluación ambiental tiene una fase administrativa y es muy probable que tenga una fase judicial. En otros países como Estados Unidos en el tiempo de los proyectos se incluye alguna eventual judicialización”.
Ahora, dijo que si hay mayor blindaje en la evaluación, con argumentos técnicos y jurídicos, “esperamos que la judicialización tienda a disminuir. (...) Acá hay una responsabilidad compartida tanto del Estado, que es la contra parte técnica y quien lleva adelante la evaluación, como de parte de las empresas, a quienes se les exige una mayor calidad en sus estudios de evaluación ambiental”, indicó Irarrázabal.
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