Como todos los años, a principios de 2023 las autopistas del país aplicaron un reajuste a la tarifa de peaje acorde al incremento de la inflación. Tras una petición del Ministerio de Obras Públicas, en esta ocasión se realizó en dos tandas, considerando que el ajuste sería superior al 13%. La primera se aplicó en enero y fue de 6,7%, y ahora, a partir de julio, los usuarios verán un nuevo incremento en el valor del peaje en un 6,6%.
Para Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), la aplicación de este reajuste en dos partes ha significado un “esfuerzo” para las concesionarias y “un alivio para las personas”, ya que ha ayudado bastante a equilibrar la caja familiar, según dijo. Y destacó que las condiciones actuales para los usuarios no son las mismas que hace algunos meses atrás.
“No nos olvidemos de que los sueldos han subido con el IPC también, entonces, las personas tienen un mayor ingreso que les permite abordar esta alza posterior a su reajuste (...). Recordemos que esto no es un alza, es un ajuste de tarifas por IPC. Alza sería si es que hubiera un aumento sobre el IPC, cosa que se eliminó hace años atrás”, explicó.
Frente a un eventual rechazo por parte de grupos como “No + TAG”, el presidente de Copsa es claro al decir que las concesionarias “no estamos preparados por si alguien quiere hacer un delito o algo por el estilo. Nosotros estamos preparados para operar autopistas y para administrarlas bien, mantenerlas en buen estado”.
Respecto del balance de este primer semestre, Daneri sostuvo que el cálculo de los ingresos que las compañías dejaron de percibir durante el primer semestre del 2023, por parcelar el reajuste, deberá hacerse una vez que tengan las cifras finales de tránsito de las pasadas de vehículos. Y reveló que ese monto será reintegrado por el Estado -según lo acordado entre ambas partes en diciembre del año pasado- cuando estén las condiciones para hacerlo.
“Hay una fórmula que depende de cada contrato donde se traslada el pago al término (del contrato) de la autopista, o en algún periodo del tiempo en que el Estado tenga algún excedente de caja, o algún mecanismo de compensación con (mayor) plazo”, indicó.
Leonardo Daneri, presidente de Copsa
Seguridad y flujo vehicular
Por otro lado, Leonardo Daneri destacó la mesa de trabajo que mantiene Copsa con el MOP, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito, destinada a mejorar la seguridad en las autopistas. Mencionó que la inversión de $ 1.400 millones anunciada en 2022 por las concesionarias destinada a despejar zonas oscuras, colocar cámaras de mejor calidad y asegurar la comunicación radiofónica entre las patrullas de Carabineros dentro de los túneles, entre otras cosas, “estaría dando resultado”.
De acuerdo a las últimas cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, entre la última semana de mayo y la primera de junio de este año, los robos de vehículos en la Región Metropolitana disminuyeron un 24,5% respecto del mismo período de 2022. Y los robos violentos de vehículos bajaron un 20,6%.
“Si bien es cierto, las autopistas representan como el 8% de los kilómetros de calles y autopistas de Santiago, circulan por ellas casi el 40% de los vehículos. Sin embargo, la tasa de encerronas es la misma que hay en todas las calles”, sostuvo Daneri.
En lo que respecta a flujo vehicular, el presidente de Copsa afirmó que hoy se observan “niveles normales”, pero que aún existen “efectos post pandemia que tenemos que terminar de calibrar”, como lo ocurrido con el aumento del teletrabajo o de los usuarios que prefirieron usar el automóvil para evitar contagios.
Modernización de las rutas y
licitación de la cartera de concesiones
En cuanto a la industria en general, Leonardo Daneri agradeció que “este Gobierno haya mantenido la cartera de inversión en concesiones”, ya que a su juicio demuestra que “la infraestructura se ha convertido efectivamente en política de Estado”. Y destacó los avances en la generación de convenios complementarios en algunas concesiones ya existentes y que permitirán ampliar las obras.
“Es como una obra pública más, con la diferencia que se puede hacer bastante más rápido porque está el financiamiento de inmediato”, explicó el presidente de Copsa.
En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de relicitar las concesiones del 2000 que están próximas a vencer, y agilizar la modernización de contratos, como la urbanización de la Rutas 68, la Ruta 5 en el tramo Santiago-Talca y la Ruta 5 entre Temuco y Freire.
Respecto de las expectativas para el 2023, Daneri dijo que estas apuntan a que “se licite lo que está en cartera” y que las autoridades ayuden a acelerar los procesos de construcción de concesiones que se están demorando debido a la institucionalidad y la permisología.
“Si el Ministerio de Obras Públicas nos ayuda a acelerar esos procesos, esos US$ 6.500 millones se podrían invertir no en seis años, sino en tres. Y eso significaría activar la economía, generar puestos de trabajo y mejorar la capacidad logística del país”, dijo.
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