La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que redefine el fraccionamiento de las cuotas pesqueras, esto es, el articulado que distribuye las distintas pesquerías entre los sectores artesanal e industrial.
La iniciativa, que el Gobierno optó por tramitar como un proyecto independiente, separado del resto de la nueva Ley de pesca, disminuye las cuotas de la industria, por lo cual los gremios de este sector han criticado ampliamente el contenido del proyecto, alertando por sus eventuales impactos negativos para la actividad y el empleo.
El único voto en contra del proyecto fue del senador Carlos Kuschel (RN), mientras que Loreto Carvajal (PPD), Fidel Espinoza (PS), Daniel Núñez (PC) y David Sandoval (UDI) lo aprobaron en general.
“Respecto de las preocupaciones que se señalan sobre la necesidad de alcanzar acuerdos y consensos para la tramitación del proyecto, indudablemente el Ejecutivo manifiesta su disposición a viabilizar la tramitación del proyecto de fraccionamiento, lo que implica abrirse a la discusión en diferentes pesquerías”, dijo el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien ha representado al Gobierno en la discusión de la iniciativa.
Agregó que “efectivamente el resultado podría ser que algunas pesquerías tengan que llegar, probablemente, a una discusión en tercer trámite que responda a las perspectivas distintas que existen en ambas cámaras y las perspectivas distintas que existen en los territorios respecto de la posibilidad de desarrollo de las diferentes pesquerías”.
El subsecretario también volvió a insistir en que las motivaciones del proyecto provienen de los hechos ocurridos durante la tramitación de la norma vigente, en el marco del caso Corpesca. “El Ejecutivo sí tiene una convicción y la convicción es que hoy día la distribución de los recursos que están asignados a través de la ley vigente es una distribución que no es justa y que no responde a criterios biológicos sino que fue hecho en función de los intereses dominantes que estuvieron en la discusión de la normativa vigente”, afirmó.
Críticas de la industria
El presidente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, declaró que “lo central es resolver la constitucionalidad del proyecto. Esperamos que durante la revisión en particular se corrijan estos aspectos, ya que como está hoy la norma, tiene un serio riesgo de judicialización, pues desconoce derechos de las empresas pesqueras vigentes hasta 2032”.
El líder de la principal federación de la pesca industrial también envió un mensaje al subsecretario Salas y señaló que esperan que “haya tomado nota de lo que plantearon múltiples actores de la pesca en el Senado, acerca de los graves efectos sobre la economía y el empleo que tiene este proyecto, de los cuales el Gobierno nunca ha podido dar cuenta para saber la magnitud del impacto”.
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