"La comisión, tras recibir en audiencia a diferentes invitados y evaluando especialmente el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica, y las declaraciones del Sr. Fiscal, considera que existen especiales condiciones del mercado que podrían dar origen a una colusión en el mercado del gas".
Con esas palabras, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el mercado del gas, concluyó este viernes su trabajo, con un informe que fue votado de forma unánime, tras enfrentar diversas dificultades en la redacción durante esta semana.
La instancia presidida por el diputado DC Miguel Ángel Calisto y que recién pasadas las 18 horas logró confluir en sus posturas, determinó que existen indicios claros de que en el mercado del gas licuado habría colusión.
Las razones para llegar a esta conclusión, según se consignó en el escrito, es que aparece como evidente que "el problema principal en el mercado del GLP es la falta de competencia y que se requiere proponer de manera urgente medidas regulatorias para morigerar sus perniciosos efectos".
El texto argumenta que la caída significativa de los costos -a raíz de la baja del crudo desde el año 2014-, para los actores del mercado, "no se tradujo ni remotamente en un beneficio proporcional para el cliente. De hecho, más concretamente, la FNE calculó que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en el país. Eso equivale a 15% del precio de cada cilindro o balón de gas licuado que se comercializa y consume en nuestro país".
A partir de ello, la comisión solicita al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, que presente cuanto antes un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la eventual colusión en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esto, además de otras medidas.
Uno de los integrantes comisión, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, señaló que "presentamos propuestas en materia regulatoria para bajar los precios; aumentar la competencia, no sólo privada sino también pública, a través de ENAP y los municipios; y, al mismo tiempo, para regular de mejor manera el tema de los cilindros, avanzando en su uniformidad y universalidad".
Su par Juan Luis Castro apuntó a que en este caso "es evidente que existe una fundada sospecha (...) Sabemos que se ha producido un daño y éste no debe continuar".
El diputado Cristián Labbé planteó la relevancia de esperar el trabajo de la FNE y, en caso de haber colusión, se impongan las penas correspondientes.
El informe no demoró en generar respuesta de las firmas que participan en el mercado. Empresas Lipigas señaló, a través de un comunicado, que pese a haber apoyado siempre las medidas que promuevan la libre competencia en la industria, "rechazamos tajantemente cualquier dicho sobre una supuesta colusión en la industria del gas".
Recalcó que la FNE "no encontró ninguna infracción a la libre competencia, sino que hizo recomendaciones para mejorar la estructura del mercado", por lo cual "cualquier acusación de colusión carece de fundamento y es irresponsable" y, adicionalmente, niega tajante la existencia de sobreprecios.
Las propuestas
¿Qué proponen los diputados además de que se presente un requerimiento ante el TDLC? Sugieren que las distribuidoras mayoristas no deben acceder a la propiedad o al control o administración ni en forma directa ni indirecta de las empresas que distribuyen en forma minorista el GLP.
Además, coinciden con la FNE en cuanto a prohibir todas las cláusulas que importen exclusividad o exigencias al distribuidor minorista de ser monomarca. También que los distribuidores deben tener completa y total libertad de comercializar las marcas de GLP que más le convengan conforme al precio de mercado vigente (multimarca).
A esto sumaron avanzar de manera gradual hacia la unificación de los cilindros para facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado de la distribución, sean estos públicos o privado.
La comisión consideró necesario prohibir la integración vertical de las tres grandes empresas distribuidoras con las firmas que fabrican cilindros y aquellas que presten servicios de certificación y de recertificación de los mismos, impidiendo cláusulas de exclusividad o cualquier otra estipulación contractual que perjudique la contratación de los servicios por parte de otros operadores del mercado del GLP de menor envergadura.
Empoderar las instituciones
¿Cómo se realizarán estos cambios? Para la instancia, la única manera es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cuente con facultades expresas que le permitan recabar información en terreno, incluso pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de negativa para la fiscalización.
Así, respecto al eventual delito que generó discusión hasta el último en la instancia, proponen incorporar la colusión dentro del catálogo de delitos que acarrean responsabilidad penal de las personas jurídicas y generar figuras agravadas tratándose de bienes y servicios de primera necesidad.
También se contempla facultar a la Comisión Nacional de Energía para -entre otras atribuciones- obligar a las tres grandes distribuidores de GLP a provisionarse con el combustible que tienen contratado para los terminales marítimas y, solo si ese stock no les alcance para satisfacer su demanda de GLP interna, contraten GLP con ENAP.
Y, entre otras ideas, la innovación que recomiendan es la creación de un mecanismo especial para disminuir las tarifas en las zonas extremas y establecer un sistema tarifario con mayor regulación.
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