Disputa por parcelaciones iría a la Corte Suprema tras triunfo del Gobierno en primera instancia

Tras más de nueve meses desde que, mediante un instructivo, el Ministerio de Agricultura ordenó al SAG endurecer los criterios para autorizar loteos, la disputa entre el gobierno y actores de la industria de las parcelaciones sigue tomando nuevos colores.

Previo a que la justicia, tras una demanda del gremio Chile Rural, suspendiera temporalmente dicho instructivo, un grupo de empresas agrupadas bajo el nombre de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), había presentado un recurso de protección contra la medida administrativa.

Y la semana pasada fue en ese juicio en el que la Corte de Apelaciones de Santiago dio un espaldarazo al Minagri. “Los jefes superiores de los servicios en su carácter de tales, para dar cumplimiento de sus cometidos y para dirigir a sus subalternos, deben entregar instrucciones y la forma de hacerlo es precisamente a través de actos administrativos”, dice la sentencia.

Asimismo, el tribunal solicitó información adicional ante las solicitudes de subdivisión de predios. La Corte sostuvo que es adecuado que la autoridad haga esfuerzos por comprobar que no se infrinja la normativa vigente y no solo con respecto a la subdivisión misma, sino también en relación a la existencia de bosque nativo, humedales, lugares arqueológicos o centros ceremoniales; que pueda tener alguna consecuencia en cuanto a desvíos de cauces o quebradas; o que se pretenda la instalación de un proyecto inmobiliario.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, calificó en sus redes sociales el fallo como “notable” y dijo que confirma “que no se puede parcelar a destajo por sobre leyes de ordenamiento territorial y ambiental”.

En una declaración emitida durante el fin de semana, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, celebró la sentencia y dijo que el Minagri “ha simplemente estandarizado un procedimiento tendiente a que la administración pública adopte sus decisiones con información fidedigna y con un análisis más completo de la normativa vigente que rige la subdivisión de predios rústicos”.

“Es una nueva muestra de una tendencia jurisprudencial ininterrumpida, que ha ido protegiendo el uso de suelo rural en contra de prácticas inmobiliarias que han ido generando verdaderas poblaciones al margen de la regulación urbanística nacional”, agregó Letelier.

Gremio pide ampliar suspensión del instructivo de parcelaciones rurales ante nuevo criterio aplicado por el SAG

Revancha en la Suprema

Óscar Gajardo, de Cuadra Gajardo Abogados, estudio que llevó a cabo el recurso de IPRA, asegura que era un fallo esperable, teniendo en cuenta que durante la tramitación de la causa se dejó sin efecto el instructivo en cuestión. No obstante, revela que ya han trabajado en la apelación para elevar la disputa a la Corte Suprema y que planean ingresar el documento este mismo viernes.

“Creemos que es evidente que el ministro de Agricultura se excedió de sus facultades legales, intentando legislar mediante meras instrucciones”, apunta.

Respecto al nuevo intento que harán en la Suprema, Gajardo dice que espera que pueda zanjar definitivamente este asunto, “que pretende privar del legítimo derecho de adquirir una propiedad rural a miles de chileno, pues creemos que el cuidado del medioambiente y el derecho a la propiedad son perfectamente compatibles, lo que se debe regular”.

El abogado, además, dispara: “Nos parece discriminatorio ver como muchos chilenos, incluso autoridades políticas, viven en parcelas, pero que al resto de la población se les prive ese derecho”.

En paralelo a esta disputa el gobierno ha afirmado que ingresará un proyecto de ley para regular los loteos, industria que está en la mira de diversas instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente. Al principio se esperaba que la iniciativa se ingresara en 2022, pero se ha ido posponiendo continuamente.

Vivienda pone las fichas en proyecto
de ley tras suspender consulta ciudadana

En paralelo a la disputa judicial que el Gobierno está librando con los parceleros, la idea del Ejecutivo ha sido regular el conflicto de los loteos mediante un proyecto de ley. El año pasado, el Ministerio de Vivienda, la otra cartera involucrada, inició una consulta ciudadana para recoger propuestas en esta materia.No obstante, finalmente tuvo que suspender esta iniciativa “en vista del número de contribuciones recibidas, del tenor de las observaciones y de la relevancia de la materia abordada”.
Consultado, el Ministerio aclara que esto no significa que las respuestas recibidas vayan a ser desechadas, sino que serán consideradas para el proyecto de ley que se busca ingresar.
Patricio Álvarez, presidente de Chile Rural, el gremio que ha protagonizado la discusión con el gobierno, declaró que “desde un primer momento dijimos que este tipo de decisiones se deben realizar en el Congreso, que no se pueden ver mediante decretos. Creemos que han dado un paso correcto y esperamos que muchas de las contribuciones y las observaciones que les hicieron llegar sean acogidas en el proyecto de ley que se está trabajando”.
Agregó que “entendemos que la realidad hoy es distinta a cuando se redactó la ley y, por eso, apoyamos que se tramite en el Congreso una ley que se adecue a los nuevos tiempos”.