Esta semana el gobierno presentó un proyecto de ley corta al Senado para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar la tabla de factores y, como efecto directo, implica una devolución de cerca de US $1.400 millones. El presidente del gremio que las reúne, Gonzalo Simon, dijo en entrevista con T13radio: "no entendemos ese cálculo".
El dirigente criticó la fórmula presentada por la Superintendencia de Salud, organismo regulador que preparó las bases de la Ley Corta, junto al Ministerio de Salud. "La Corte Suprema ordenó aplicar la tabla de factores, no acabar con el sistema", fue parte de las acusaciones que hizo el líder gremial.
"Este monto es equivalente a que las isapres todos los años se tienen que hacer cargo de dos pandemias. No se entiende cómo llegaron a ese cálculo. Nosotros vemos que el fallo de la Corte es clarísimo, dice que avancemos con una tabla de factores que tiene ciertas características, además de que en los primeros dos años no se cobre a los niños. Fija reglas sencillas: a nadie se le suben los precios y aquellos que se les produzca una rebaja sea eventual. Y el resto se lo encargó a una entidad técnica, porque reconocen que no conocen los detalles financieros, por eso se lo traspasan a la Superintendencia, pero para que se haga cargo de la tabla de factores, no acabar con el sistema", puso énfasis Gonzalo Simon.
El problema de fondo, manifestó el presidente de las isapres, es que con estos criterios la industria podría caer en la insolvencia y el fallo se vuelve inaplicable. Por lo mismo, "estamos de acuerdo con las devoluciones, pero no con el monto. La Superintendencia podría haber elegido otra fórmula para poner en práctica el fallo", dijo Simon, y puso de ejemplo la moción parlamentaria que presentó la senado Ximena Rincón que si bien, sigue siendo una alta cifra de devolución, es menor a la calculada al Gobierno.
Gonzalo Simon sostuvo también que se sorprendieron cuando la Superintendencia presentó la Ley Corta. Sin embargo, manifestó que "sienten esperanza" que durante la tramitación en el Senado se pueda corregir ciertos elementos en la normativa y continuar con la aplicación del fallo.
Uno de los criterios del proyecto que presentó el gobierno es que permite al deudor establecer el mecanismo de pago, es decir, puede producir un escenario similar a lo que ocurrió en 1982 con la deuda subordinada de los bancos que se pagó con muchos años de plazo. Gonzalo Simon explicó que ese argumento del gobierno no soluciona el conflicto de fondo: "si se produce un desfinanciamiento en un tiempo más y el sistema no puede seguir operando tendremos que cerrar, ese es un problema de flujo. Este proyecto como está deja a los pocos meses que se dejen de dar las coberturas".
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