Luego de que el Servicio Nacional de Pesca llevara a la salmonera Nova Austral ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Medio Ambiente, por modificar los índices de mortalidad de sus peces y posiblemente adulterar el fondo marino de un centro de cultivo ubicado en Magallanes, la incertidumbre sobre el futuro de la compañía no ha cesado.
Una de las aristas que está pendiente de resolverse es si están en riesgo las bonificaciones que recibe esta empresa por la Ley Navarino, donde la última cuota fue pagada el 2 de julio.
La continuidad del pago -clave para que la operación sea atractiva económicamente- dependerá de los resultados de las investigaciones, explica el intendente de la región, José Fernández.
- ¿Cómo está el ambiente de Magallanes en torno a lo ocurrido con Nova Austral?
- Preocupados. El resto de la industria está tratando de desmarcarse de esta situación, para poder conseguir otra vez certificaciones de no utilizar antibióticos, lo que está congelado, y los trabajadores de Nova Austral están preocupados por su fuente laboral. Esto va a depender de lo que arrojen las investigaciones (del Ministerio Público y la SMA), ya que si es que adulteraron los fondos marinos para conseguir certificación, lo más probable es que esos centros sean cerrados.
- Nova Austral es la única empresa salmonera que tiene bonificaciones estatales por Ley Navarino, ¿ha pensado en eliminar esto?
- Todavía no hemos tomado una decisión. Estamos recabando antecedentes y trabajando con el Ministerio del Interior para ver cómo vamos a accionar, pero tenemos que esperar a las investigaciones. Si son declarados culpables, aquello es una causal para el retiro de la bonificación y obviamente vamos a tener que hacerlo así. La Tesorería General de la República está requiriendo información a los distintos servicios para ver si puede proceder o no a pagar las bonificaciones, pero esto es algo que está todavía en investigación. Mientras no esté resuelto, es difícil tomar una decisión, no podemos actuar de forma precipitada.
Para ellos, el contar con esa bonificación, es parte importante de sus ingresos.
- Independiente de que no se ha tomado una decisión definitiva, ¿mientras dura la investigación se podrían suspender?
- Eso es lo que estamos analizando. Estamos viendo si los pagos pueden quedar guardados o la otra posibilidad que se baraja es que se les siga pagando y, si son declarados culpables, tendrían que devolver los montos.
Ahora, una cosa es que hayan habido problemas en los centros de cultivo, pero esto se paga por la producción vendida. Si es efectivo que ellos cobraron bonificación por un número determinado de toneladas de filete de salmón, lo que tenemos que investigar es que esas toneladas de filete de salmón efectivamente hayan salido.
- ¿Han tenido información de los plazos de la investigación?
- Se está trabajando lo más rápido posible. Algunas van a tomar más tiempo por los procesos biológicos que involucran, pero constataremos que sean lo más pronto, porque tampoco queremos afectar a la gente. Como gobierno lo que más nos interesan son los puestos de trabajo y esa empresa es lo que mueve la economía local en Porvenir.
- ¿Cómo están viendo la actividad salmonera en la región, a raíz de un proyecto de ley que las regula aún más?
- Esos proyectos implicarían cerrar casi toda la industria en la región, lo que encontramos bastante grave. Nosotros queremos trabajar un sello que garantice que las empresas cumplen ciertas características, para tener una industria sustentable.
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