El enfrentamiento judicial entre el gremio de parceleros, Chile Rural y el Ministerio de Agricultura continúa subiendo de tono.
La asociación señala que la cartera junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sigue sin cumplir la medida precautoria tomada por el 7° Juzgado Civil fines de noviembre, que suspendió temporalmente el instructivo que endurecía los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales.
Denunciando desacato, el gremio presentó un escrito al tribunal donde no tuvo reparos en solicitar que se despache orden de arresto en contra del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la directora nacional (s) del SAG, Andrea Collao; y el director regional del servicio en la Región de O’Higgins, Luis Claudio Marcelo Rodríguez.
“Imponer simplemente una multa a los demandados constituye un completo sinsentido, pues tal multa a beneficio fiscal será pagada precisamente con dinero proveniente de arcas fiscales”, argumentó Marco Alberto Luna, abogado del gremio.
Los correos del SAG
Previamente, en el trámite de esta misma causa judicial, Chile Rural había acusado al SAG de no haber hecho efectiva la medida ordenada por el tribunal, que suspendió el instructivo luego de que el gremio reclamara que el Gobierno se estaba tomando atribuciones correspondientes al Congreso, abriendo un juicio entre autoridades y parceleros.
El 6 de diciembre, estos últimos publicaron ante el juzgado correos enviados a asociados al gremio de parte de las oficinas del SAG en el Maule y Panguipulli, respectivamente, en los que los funcionarios señalaban estar a la espera de instrucciones y que las circulares aún no se habían derogado.
Tras esto, el tribunal ordenó al servicio instruir a sus funcionarios hacer efectiva la medida e informar, en un plazo de 20 días hábiles de qué manera se llevó a cabo el cumplimiento.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la medida precautoria, aludiendo a los daños ambientales provocados por la proliferación de loteos. Si bien esta petición fue rechazada en primera instancia, aún falta que la Corte de Apelaciones tome su determinación.
El caso de O’Higgins
Este martes, el gremio agregó nuevos antecedentes y aseguró que las autoridades siguen sin cumplir las órdenes del tribunal, apuntando esta vez a las oficinas de la Región de O’Higgins.
Según expuso Luna, la dirección regional del SAG se negó a reanudar la tramitación un procedimiento de subdivisión solicitado por Kutral Inversiones SpA.
Dicha subdivisión habría sido pausada el 26 de octubre, siguiendo los lineamientos de los instructivos suspendidos, que planteaban como requisitos informes del Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Chépica, la Conaf, La Dirección General de Aguas (DGA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
El 13 de diciembre, el SAG habría vuelto a contestarle a la inmobiliaria que los informes de estas instituciones seguían pendientes, facultad que, según el gremio, “se encuentra precisamente contenida en los actos administrativos suspendidos”.
Por este motivo fue que se solicitó la orden de arresto en contra del director regional de esta oficina en particular.
Tensión con el ministro
Finalmente, los ánimos se tensaron aún más en el gremio luego de una entrevista que el ministro Valenzuela dio en el medio La Discusión de Chillán.
Consultado por el conflicto con los parceleros, el titular de Agricultura respondió que “el instructivo sigue en pie, se está preparando la ley y el Ministerio de Vivienda va a ponerse las pilas en lo que algunos llaman la suburbanización…”.
Fue la primera frase lo que desató la ira de Chile Rural. “Las declaraciones vertidas por la autoridad en cuestión no dejan lugar a dudas de sus actitud respecto de la medida precautoria decretada en autos”, escribieron sus abogados.
Tomás Prado, presidente del gremio, declaró que la circular transgrede la independencia del poder legislativo, lo que "es propio de gobiernos autoritarios, demuestra el poco compromiso democrático por parte del ministro y sus subalternos".
Respuesta del Minagri
Durante la tarde de este miércoles, el Ministerio publicó un comunicado afirmando que acató la medida precautoria del Juzgado Civil y que el 25 de noviembre instruyó a las oficinas regionales mediante una reunión Teams, lo que además fue ratificado por escrito el 7 de diciembre.
La cartera aseguró dirección regional del SAG está actualmente resolviendo las solicitudes de certificación de subdivisiones con prescindencia de los oficios, "pero necesariamente con apego a las normas jurídicas de su competencia, y a los procedimientos establecidos en la Ley, asunto que las instrucciones en suspenso también reafirmaban".
Asimismo, el Minagri señaló que el ministro Valenzuela ha declarado reiteradamente que respetará los fallos de los tribunales y resaltó que "antes y después de la medida de suspensión, el SAG ha mantenido continuidad en el proceso de certificación de subdivisiones prediales, siendo 16.413 las solicitudes tramitadas durante el presente año".
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