Demandas de los concursantes y cuestionamiento de parlamentarios está recibiendo la licitación de la firma que confeccionará las cédulas de identidad y pasaportes por un período de diez años.
En el frente judicial, se conoció el contenido de las demandas presentadas por dos participantes del concurso: la francesa Idemia, la actual operadora del sistema, y el consorcio Sonda-Thales, las que ingresaron el pasado 5 de agosto.
Ambas acciones judiciales tienen en común el objetivo de impugnar la evaluación técnica del proceso licitatorio y aseguran que la oferta del consorcio liderado por la empresa china Aisino Corporation -quien presentó la mejor propuesta económica-, es inadmisible.
En detalle, Idemia busca que se rechace la resolución y el informe de la oferta de Aisino argumentando que ésta se "declaró admisible en circunstancias que no cumple con lo exigido por las bases de licitación como requisito de admisibilidad de las ofertas", de acuerdo al escrito en el cual figura como apoderado demandante el abogado Jorge Burgos (exministro del Interior) quien se sumó al equipo legal liderado por Francisco Zuñiga.
Sergio Mierzejewski, Director Nacional del Servicio de Registro Civil.
Asimismo, la empresa gala fundamenta su reclamo en contra del proceso de evaluación técnica y la resolución argumentando que también la oferta en el caso de Sonda-Thales "incumple un requisito de admisibilidad y, adicionalmente, por la incorrecta evaluación de sus certificados de experiencia, algunos de los cuales Página 3 de 45 contienen errores de formato y otro, además, incumplen flagrantemente lo dispuesto en las bases de licitación".
Por su parte, la demanda presentada por Sonda basa su impugnación sosteniendo al concurso del Registro Civil en la inadmisibilidad de las ofertas de los otros cuatro postulantes (Aisino, Idemia, Telefonica y Veridos). Sobre este fundamento, la empresa solicita que "se declare ilegal y/o arbitrario la Resolución Exenta Nº226, de 23 de julio de 2021 y el Informe que le sirve de base y, en consecuencia, se ordene a la Comisión Evaluadora emitir un nuevo informe".
En la eventualidad de que las demandas sean aceptadas, eso significaría que la evaluación técnica debería hacerse totalmente de nuevo.
El oficio de los parlamentarios
El director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, expuso ayer en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en el marco de la preocupación de los parlamentarios frente al tratamiento de los datos de los ciudadanos en manos de la posible ganadora del concurso.
El titular del organismo explicó sobre las atribuciones del futuro proveedor que éste "no es dueño ni almacena los datos, sino que son almacenados con seguridad dentro del Registro Civil".
Además, en la sesión también surgieron cuestionamientos sobre los aspectos técnicos de la licitación, lo que concluyó en la decisión unánime de los miembros de enviar un oficio a Contraloría con carácter "urgente" para que revise las bases del concurso, ya que dicen que quedaron con "más dudas que certezas".
En efecto, tras la presentación de Mierzejewski, el presidente de la comisión, el diputado Jaime Naranjo, planteó si efectivamente se había eliminado el requisito obligatorio de tener que entregar documentos de muestra, uno de los puntos que reclaman algunos de los participantes del proceso.
Sobre este punto, el director señaló que efectivamente el requisito obligatorio de entregar muestras si fue modificado, debido a que cuando se cerraron las fronteras las empresas podían tener dificultades para ingresar los especímenes al país. Recalcó que "la calidad del producto está dada por certificaciones, no por ejemplares".
El diputado Naranjo también realizó otras observaciones al diseño de la licitación, señalando por qué la oferta económica -que tiene una ponderación del 65% en la evaluación final-,tiene un mayor peso que la técnica, de sólo un 30%, en tanto los aspectos administrativos representan un 5%.
Mierzejewski explicó que la decisión de dejar un mayor porcentaje al aspecto económico se debe a que "pusimos estándares técnicos muy altos, porque sabemos que la tecnología que ha evolucionado y eso se cumplía, ya teníamos un piso muy alto, superior al que tenemos actualmente en seguridad y calidad".
Señaló que un punto importante para priorizar esa área es para disminuir el valor del pasaporte a un 50%, que hoy está sobre los $ 89 mil, pero sin descuidar la calidad.
La respuesta no fue considerada satisfactoria por los diputados, quienes cuestionaron por qué no se aumentó el porcentaje técnico cuando se modificaron las bases y se eliminó la entrega obligatoria de muestras.
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