Luego de cinco años de ser tratada en distintas comisiones, la reforma al Código de Aguas inició su discusión en la sala del Senado para ser aprobada en general.
La votación quedó fijada para la sesión del próximo martes, pero igualmente los senadores manifestaron sus posiciones sobre el proyecto que lleva más de diez años de tramitación en el Congreso. En este marco, tanto parlamentarios del oficialismo como de oposición se mostraron a favor del proyecto.
También se dirigió al pleno el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que recalcó el apoyo del Ejecutivo a la iniciativa y declaró que un nuevo Código de Aguas “es una herramienta inestimable para enfrentar la nueva realidad hídrica”.
El titular del MOP recordó que en gran parte de las materias que trata la reforma alcanzó el apoyo unánime de los miembros de las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y de Constitución.
Los objetivos principales del proyecto son reforzar la noción del agua como bien de uso público, consagrando que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Además, se define que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
En cuanto a los nuevos derechos, se fija que son originados en virtud de una concesión y tendrá un plazo máximo de treinta años y mínimo de 20 años, a diferencia de los actuales que no tienen fecha de término.
Otra definición clave es que los derechos tanto actuales como nuevos podrán ser extinguidos si el titular no hace uso efectivo del recurso.
También se incluye que la Dirección General de Agua (DGA) pueda suspender el ejercicio del derecho si hay “una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae”.
Si el Senado aprueba en general el proyecto, se abrirá un período para ingresar indicaciones.
Al respecto, la abogada socia del estudio Elías Abogados y experta en temas hídricos, Paula Elías, apunta que será clave revisar estos nuevos aportes en profundidad para “pronosticar con mayor precisión si será posible que el proyecto sea aprobado en este Gobierno”.
Recuerda que el proyecto debe pasar por la Comisión de Hacienda para ver aquellas disposiciones que implican gasto fiscal.
Luego de esa instancia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados a su tercer trámite constitucional. Elías estima que “es altamente probable que se constituya una Comisión Mixta para zanjar los puntos críticos y finales del proyecto, por lo que todavía falta mucho”.
Algunos de los puntos que podrían ser tratados en las indicaciones es que a ciertos derechos se les otorgue un menor plazo (20 años) cuando tienen carácter no consuntivo -es decir, que tienen que restituir el agua en el acuífero-, versus los consuntivos que tienen un mayor plazo (30 años).
Otro ámbito en el cual se anticipan cambios en este proyecto es el referido al establecimiento de sanciones, ya que habrían situaciones donde se ejercería una doble penalidad a los titulares de los derechos que no entreguen los antecedentes necesarios.
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