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Publicado: Miércoles 7 de mayo de 2014 a las 05:00 hrs.
Un duro revés sufrieron los anhelos de construir un proyecto inmobiliario en el terreno del Colegio Universitario Inglés de Providencia. Esto, luego que la Contraloría catalogó la totalidad del recinto como zona de conservación histórica, lo que echó por tierra la posibilidad de demoler parte del establecimiento. La consulta, realizada por la Municipalidad de Providencia, buscaba zanjar la disputa sobre si sólo la zona de la capilla o la totalidad del terreno estaba afecta a esta protección.
Según precisa el dictamen del organismo público, “la declaratoria a que se ha hecho mención no puede sino entenderse referida a la totalidad del terreno en que el mismo se sitúa, y no sólo a su Capilla, pues aquellos antecedentes no dan cuenta de una restricción en este último sentido”, sentencia el documento.
La disputa surgió luego de que el municipio, en ese entonces bajo la administración del ex edil Cristián Labbé, definió a través de una “fe de erratas“ al Plan Regulador (PR) que sólo la capilla anexa al colegio, ubicada en la esquina de Manuel Montt con Av. Andrés Bello, era la única zona afecta a la declaración de conservación histórica y no todo el paño.
Esto permitió que la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, dueñas del Colegio, evaluara la posibilidad de vender parte del terreno y en la porción que mantuvieran construir nuevas instalaciones para el establecimiento. Al respecto, la Contraloría señaló que esto “no podría significar la modificación del PRC”, desechando este argumento.
María José Castillo, asesora urbana de la municipalidad, explicó que “es una gran noticia para los anhelos de la municipalidad de proteger este tipo de zonas en los barrios comunales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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