Hace unos días, Inmobiliaria Lote 18, ligada a Proyecta Gestión, donde participan Marcelo Cox Vial y Luis Felipe Gilabert, respondió a la demanda arbitral que interpusieron 63 familias que piden la nulidad de los contratos de compraventa de sus departamentos en la conocida Villa San Luis, en Las Condes. En su demanda, las familias acusan que hubo dolo en el actuar de la inmobiliaria, entre otras razones, porque durante las negociaciones se habría comprometido a no pagar montos superiores a los acordados con ellos. Sin embargo, indican, posteriormente la firma habría pactado cifras mayores, en torno a los $ 490 millones, lejos de los $ 280 millones que sería el valor de mercado de los inmuebles en cuestión. En su contestación, la inmobiliaria dice que las familias argumentan su acusación "inventando números o dando crédito a historias absolutamente fantasiosas".
Agrega que la acción arbitral se sostendría con el fin de "buscar de forma desesperada cualquier artilugio que les permita forzar el pago de un precio mucho mayor al que realmente les corresponde por sus inmuebles, pues saben que sin esas 63 unidades resultaría imposible desarrollar cualquier tipo de proyecto inmobiliario en el sector denominado 'Villa San Luis'", dice el documento. Señala que el precio acordado "no sólo fue justo", sino que superior a los que se transaba en el mercado de la época. Además, recuerda que el Ejército de Chile, que también vendió algunos inmuebles, recibió lo mismo, lo que fue visado por la Contraloría, que cuenta con equipos legales que podrían haber detectado cualquier vicio, algo que no ocurrió, dice.
Otro argumento de la compañía para pedir que se deje sin efecto la demanda, es que "Inmobiliaria Lote 18 enajenó el dominio de los departamentos", no teniendo en su poder ninguno de los inmuebles envueltos en la controversia, lo que "ocurrió años antes del inicio del presente juicio arbitral", a precios similares a los que los habría comprado. Este sólo punto, "justifica el rechazo de la acción", dice el escrito.
Los demandantes, en su réplica piden que la inmobiliaria transparente a quiénes vendieron los departamentos, el precio pagado y las condiciones. "Por lo demás, debe preguntarse ¿Para qué lo transfirió? ¿Por qué deshacerse de ellos?", cuestionan este grupo que es representado por el abogado Andrés Parada.
Los otros argumentos
Las 63 familias alegan que fueron "engañados" de otras formas. La primera, que se les habría hecho creer que si no vendían podrían perder sus departamentos, a raíz de la existencia de un juicio con el Ejército, que disputaba la propiedad de los inmuebles. También, reclaman haber sido atemorizados con la posibilidad de remate de los mismos por no pago de contribuciones. En tercer lugar, acusan haber sido amedrentados al indicárseles que la firma ya tenía "pinchado" uno de los departamentos, con un acuerdo de compraventa, por lo que ninguna otra inmobiliaria podría ofertar por sus viviendas. En su escrito la inmobiliaria se defiende de todas estas imputaciones. En todo caso, la viabilidad del proyecto que se está pensado levantar está condicionada a una medida prejudicial precautoria, enmarcada en otro juicio, que impide celebrar actos y contratos en cualquier otra vivienda del complejo.
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