Con el fin de agilizar la licitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez y eliminar barreras de entrada que aumenten la participación de operadores, el ministerio de Obras Públicas retiró las bases de licitación que se encontraban en la Contraloría General de la República para introducir algunas modificaciones. Según comentó el director de Obras Públicas, Javier Osorio, el objetivo es acotar los tiempos para su tramitación y a la vez disminuir algunas exigencias para permitir que otros operadores pudieran participar. “Estamos haciendo precisiones que tienen que ver más que nada con garantías, para que puedan participar la mayor cantidad de proponentes posibles, como disminuir la cantidad de pasajeros año y eliminar barreras de entrada, ya que estaba muy acotado”, precisó.
La idea, señaló la autoridad, es disminuir las exigencias, permitiendo que otros operadores, como las mismas aerolíneas puedan participar del proceso de licitación, que contempla una inversión de unos US$ 700 millones alcanzando una capacidad de 29 millones de pasajeros para 2030. “Dentro de la industria tienes aerolíneas que participan de concesiones y que no podían participar, queremos eliminar algunas barreras de entrada y reingresarla a la Contraloría”, explicó.
Plazos
Una vez que estén incorporadas estas modificaciones, las nuevas bases de licitación serán también entregadas a las empresas precalificadas para que ellas puedan hacer consultas. Según agregó Osorio, esto también permitirá que este proceso sea más expedito, disminuyendo las posibles incertidumbres que pudieran surgir entre los precalificados, “al retirarlas y mejorarlas demora menos porque disminuyen las incertidumbres y así las preguntas y respuestas de los precalificados sea menor”, aclaró.
La premura en la definición de la licitación del Aeropuerto se debe, entre otros temas, a la consideración de un plazo razonable en el traspaso, en caso de que surja un operador distinto al actual, que tiene como fecha de operación hasta el 2015.
GOBIERNO EVALÚA LEY DE FINANCIAMIENTO PARA PUENTE CHACAO
La abultada cifra de inversión que requerirá la construcción del Puente Chacao es una piedra de tope para esta gran obra que espera, a través de la construcción de 2.760 metros de longitud, unir la isla de Chiloé con el continente. Los US$ 740 millones aprobados en la oferta económica pone en aprietos el presupuesto asignado por ley al ministerio de Obras Públicas. Por ello, el MOP junto al Ministerio de Hacienda evalúan proponer una ley propia que financie esta obra y que no dependa de la ley del presupuesto del ministerio. "Hemos planteado entre el ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República encontrar un modo de financiamiento distinto a lo que es la ley de presupuesto anual, ya que el impacto es demasiado fuerte", señaló Javier Osorio, ante consultas de asistentes de la 2da Conferencia Internacional de la Industria Aseguradora.
Si bien la autoridad no entregó más detalles, ya que aseguró "es una propuesta que se está evaluando", sí aseguró ante los asistentes, estar en conversaciones para enviar la "Ley Chacao", una ley de financiamiento exclusiva para este proyecto. "Si lo llevamos a cuota fija estamos hablando de un pago anual de unos US$ 200 millones anuales equivalentes al presupuesto de la X región completa", precisó aclarando que la idea es no afectar otros proyectos para la región.
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