Por J. Esturillo / M. Bermeo
Atentos a cómo saldrá del Congreso el llamado proyecto Ley Corta Portuaria están los operadores privados del sector.
Lo que más se oye entre ellas es que la iniciativa separará al sector de la normativa común. Por lo mismo, una de las alternativas que estarían evaluando es recurrir al Tribunal Constitucional si la iniciativa es aprobada tal como está hoy.
Para esto, las firmas -agrupadas en la Cámara Marítima Portuaria- encargaron informes que entregaron a la Comisión de Trabajo del Senado. Uno de ellos analiza la constitucionalidad del texto y fue encargado al profesor de derecho constitucional Enrique Navarro, quien encontró vicios en este sentido.
El análisis
Respecto del primer artículo de la Ley Corta, que señala que las funciones y faenas “sólo” podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo, y eventuales, Navarro indica que “evidentemente nos encontramos con una restricción a la libertad de trabajo que garantiza y ampara nuestra Carta Fundamental”, por considerar que “se imponen limitaciones a la contratación de personal que labora en la empresa”.
En segundo lugar, sobre el derecho irrenunciable de descanso de 30 minutos dentro de la jornada para turnos que excedan las cuatro horas, dice que la “normativa en los términos propuestos podría afectar el derecho y la libertad de organización que tiene toda empresa y actividad económica”.
En la industria preocupa también ese punto, pues consideran que esta media hora será imputable al empresario. Según una presentación que hizo ayer Manuel Cañas, gerente general de Iquique Terminal Internacional (ITI), operador del puerto de dicha ciudad, habría “inequidad respecto a trabajadores de otros sectores al disminuir la jornada laboral (desde 45 a 42 horas)”.
Además, respecto de los turnos, el protocolo firmado el martes -y que se convirtió en indicaciones al proyecto aprobado ayer en la Comisión de Trabajo del Senado- deja abierto el establecimiento de los turnos a un acuerdo con los trabajadores, siendo que la estructura de la faena es resorte de la empresa.
Sobre el pago para el establecimiento del fondo de modernización portuaria, el informe de Navarro también advierte que en la práctica se estaría frente a un tributo que “vulnera la Carta Fundamental, que exige que los tributos no tengan un fin específico”.
Además, señala que el proyecto “vulnera la igualdad ante la ley, desde que impone el tributo respecto de una actividad específica, sin que se aprecie una situación de evidente racionalidad”.
A ello agrega que “se trataría de una situación que ya se encuentra grava, desde que la transferencia de carga se encuentra sujeta al pago de un tributo”.
En tanto, en su presentación, Cañas dijo que el pago afectaba el sistema de concesiones dejando en entredicho las certezas que precisan los inversionistas.
Puertos del norte
El gerente del ITI añadió que la situación de los terminales nortinos es compleja, pues están operando al límite. Así, la Empresa Portuaria de Iquique está sin operar desde abril pasado, por los daños del terremoto, restando un 16% de capacidad del sistema.
El ejecutivo habló del impacto de la norma sobre los puertos por donde pasa carga boliviana, que en cinco años y en los terminales de Arica, Iquique y Antofagasta ha crecido un 132%.
Ayer la comisión de Trabajo aprobó el proyecto y el martes será revisado por la instancia de Hacienda.
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