Sólo 18 días alcanzó a estar suspendido el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Américo Vespucio Oriente, en el tramo Avenida El Salto – Príncipe de Gales, más conocido como AVO I.
Así lo determinó una resolución exenta firmada el miércoles por la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que acogió un recurso de reposición interpuesto por la Concesionaria Américo Vespucio Oriente, en la que participan las empresas Sacyr y OHL.
En dicho recurso, la concesionaria reclamó que la suspensión del proceso, adoptada ante la investigación del Ministerio Público por presunto cohecho y/o negociación incompatible en contra de un funcionario del SEA, generaba "un grave perjuicio no sólo a la sociedad concesionaria, sino también para el futuro desarrollo de la infraestructura vial de la Región Metropolitana, lo que constituye un límite al ejercicio de la facultad que establece la ley".
Con ello, el organismo estatal dispuso "alzar la medida previsional y continuar con el procedimiento de evaluación de impacto del proyecto (...) a contar del día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución en el expediente electrónico de evaluación de dicho proyecto", señala la resolución.
Así, el alzamiento de suspensión al proceso se hará efectivo a partir de hoy, luego de ser publicado este martes.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo, el SEA suspendió provisionalmente el proceso de evaluación, paralizando con ello cualquier avance en el proyecto, ante la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte desde agosto del año pasado, por la denuncia contra uno de los funcionarios del organismo.
En dicha oportunidad, el organismo fundamentó su decisión asegurando que "en el evento que resultaren efectivos los hechos atribuidos al funcionario público involucrado, ello tendría incidencia en el correcto desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto, en la evaluación del componente aire".
Tras la denuncia realzada en agosto por el SEA, la sociedad concesionaria del proyecto se hizo parte en la investigación contra dicho funcionario, tras presentar el 20 de diciembre de 2016 una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los delitos antes denunciados.
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