“Podemos concluir que es imposible eliminar los conflictos. No se van a eliminar nunca, pero hay que controlarlos”. Así, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Daniel Hurtado, se refiere a un ejercicio inédito que el gremio realizó con el fin de cuantificar un fenómeno que, si bien se manifiesta desde hace un tiempo, se acrecentó en el último año: las divergencias entre constructoras y mandantes.
Con una encuesta, efectuada a las 43 empresas socias de la CChC, con un total de 1.606 contratos con mandantes más habituales celebrados entre 2011 y 2013, se determinó que en promedio, el 38% de dichos convenios presentó algún problema, mientras que las empresas afectadas tuvieron alzas de 27% en los costos de las obras (ver gráficos).
Asimismo, el 42% de los convenios suscritos en 2013 -57% con el sector privado y 43% con el público- tuvo conflicto. Esto es siete puntos más que 2011 y evidencia además, una aceleración de la tendencia, pues mientras entre 2011 y 2012 el incremento fue de dos puntos, entre el segundo año y 2013, ésta alcanzó cinco puntos.
El gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, dijo que estas cifras demuestran que, tanto como el rechazo de las comunidades o la judicialización social que reciben mayor relevancia, esta conflictividad influye en el retraso de las inversiones en desarrollo por parte de distintos sectores productivos.
Asimismo, dado que las industrias de minería e infraestructura pública (que en la encuesta es denominado como “ministerios”) son los que aglutinan el mayor número de contratos, también concentran las mayores divergencias, mientras que por naturaleza de los convenios, el de suma alzada -también conocido como “llave en mano”- se lleva la mayor parte de las diferencias entre constructoras y mandantes, frente a aquellos de precio unitario.
A tal punto esto que al comparar las cifras de 2013 y 2011, la presencia de esta modalidad cayó de 55% a 45% del total de contratos. La diferencia se ha cubierto con más presencia de acuerdos mixtos (de 16% a 23% entre los dos años), que mezclan la suma alzada y el tipo administrativo (donde se suma un margen al costo de la obra), y aquellos sólo administrativos (3% a 4%), pues ambas fórmulas bajan la fricción entre las partes.
Comunión de objetivos
Más que buscar culpables, Daniel Hurtado comenta que la intención de este ejercicio es relevar este tema para avanzar en mecanismos preventivos o de solución.
El dirigente asegura que las divergencias se producen por la falta de comunión de objetivos, pues mientras las mandantes buscan acelerar los plazos de inicio y entrega de obras, las constructoras buscan cumplir manteniendo la eficiencia, especialmente en costos, pero sin contar muchas veces con todo el detalle de lo que implica la obra.
El presidente de la CChC dice que para mejorar este panorama están trabajando en cuatro frentes, pues “en la medida en que haya menos sorpresas, habrá menos conflictos”, dice.
El primero de ello es establecer diálogo con los sectores que concentran los conflictos, para lo cual establecieron mesas paralelas de trabajo con el Consejo Minero y el Ministerio de Obras Públicas, donde pronto esperan sumar a la cartera de Salud.
“Hay una apertura bastante importante de parte de los dos lados, de reconocer los errores propios y de buscar soluciones”, adelantó Hurtado.
Las conversaciones apuntan a introducir mejoras en los contratos del sector privado, como mecanismos de resolución de controversias, previas a que se desencadenen procesos, como juicios o arbitrajes, algo que sucede en el 24% de los casos. Algo similar busca instalar en las bases de las licitaciones del área pública, pero enfocado a incluir instrumentos como seguros.
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