Un controvertido impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería será sometido a un debate de al menos un mes en el Senado de Chile, plazo durante el cual los legisladores escucharán a las empresas y los sindicatos sobre el potencial impacto para las mineras que producen más de una cuarta parte del cobre mundial.
La Comisión de Minería y Energía del Senado celebrará audiencias semanales sobre el proyecto de royalty minero hasta mediados de julio, según una sesión celebrada el miércoles. La comisión ha recibido solicitudes de ejecutivos de BHP Group, Antofagasta Plc y Teck Resources Ltd, entre otros, para plantear sus respectivas posturas en el tema.
Una discusión a fondo sobre las implicaciones de un proyecto de ley que impondría tramos impositivos en función del precio del cobre representaría cierto alivio para la industria. La versión aprobada en la Cámara de Diputados elevaría la carga impositiva total muy por encima de otras grandes jurisdicciones, potencialmente amenazando las futuras inversiones necesarias para ayudar a satisfacer un déficit de suministro en la transición desde los combustibles fósiles.
La coalición gobernante de centro-derecha se opone al proyecto de ley, argumentando que en el actual contexto de altos precios debería permitirse que opere un impuesto progresivo sobre las ganancias. Los futuros del cobre se han disparado un 69% en el último año gracias a la recuperación de las economías.
A principios de este mes, el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, pidió un amplio debate sobre lo que el principal país productor de cobre quiere obtener de la minería, en lugar de apresurarse a votar una propuesta de nuevo sistema tributario.
El hecho de que la mayoría de las grandes mineras tengan contratos de invariabilidad tributaria hasta 2023 significa que no hay necesidad de apresurar el análisis técnico y que hay mejores formas de recaudar fondos para el gasto social, dijo el ministro en ese momento.
Aun así, no será fácil negociar una reforma tributaria menos onerosa para la minería, dada la creciente presión para abordar las desigualdades exacerbadas por la pandemia. Este desafío se ha visto acentuado por la aplastante derrota de la clase política tradicional en las elecciones para escoger a los miembros de una convención encargada de redactar una nueva Constitución.
El proyecto de ley de royalty tendrá que pasar por el pleno del Senado y, si se introducen cambios, volver a la Cámara de Diputados.
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