Nuevamente podría quedar en compás de espera el primer cara a cara entre Codelco y los dirigentes en la arista laboral del caso seguros. Hace exactamente una semana la cuprífera presentó un escrito ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama para solicitar la reprogramación de la audiencia preparatoria fijada para el próximo 2 de septiembre, lo que provocó el inmediato rechazo de los trabajadores, quienes ya han acusado a la estatal por dilatar el proceso que en enero cumple un año en la justicia sin mayores movimientos.
Según el documento ingresado por la minera, la restricción de movilidad que conlleva las medidas de confinamiento por el Covid-19 resulta "complejo" el desplazamiento de los apoderados de la causa desde sus domicilios hasta la oficina del estudio jurídico ubicada en Las Condes, considerando además que deberían realizar varios viajes dada la cantidad de documentos, "con el consiguiente riesgo a la salud que ello también conlleva".
Lo anterior, porque -a juicio de la demandante- desde el 13 de mayo el Gran Santiago se encuentra bajo cuarentena y esta medida sólo ha sido moderada a "etapa de transición" en ocho de sus comunas. A esto se suma que desde el 9 de junio se decretó esta medida en Calama.
"Mi representada vería sumamente dificultado el acceso a su prueba documental para efectos de retirarla y/o digitalizarla antes de la audiencia preparatoria, resultando afectado su derecho a defensa, contemplado en el Nº3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República", asegura la Corporación que llevó a la justicia a los dirigentes por un eventual fraude en la administración de seguros de vida.
Además, explica que, aun cuando la cuarentena fuera levantada en los próximos días, no contarían con el período de tiempo razonable para una preparación de su extensa prueba, en términos de consistencia, completitud, así como la actividad misma de digitalización.
"A mayor abundamiento, la misma extensión de la prueba documental ya señalada dificulta de sobremanera su solo ofrecimiento por medios digitales, así como también su debido estudio por parte de la contraria, lo que puede redundar en una indefensión para ambas partes del proceso", sostiene.
Codelco adelantó que tienen más de 100 documentos para poner sobre la mesa, tratándose de evidencia relacionada al funcionamiento de los contratos de seguros, composición de precios, factores de mercado, entre otros. Por esto, recalca que es "sumamente inconveniente" el ofrecimiento de la prueba por vía remota, teniendo en cuenta además que los demandados se han agrupado en tres defensas que implicarán que en el día de la audiencia deban conectarse al menos cuatro partes.
Asimismo, enfatizaron, "la audiencia no corresponde a una diligencia que requiera la intervención urgente del Tribunal".
La respuesta de los trabajadores
Como era de esperar, la nueva postergación que pide Codelco no fue bien recibida. El 13 de agosto los trabajadores reiteraron lo "indispensable" que resulta para ellos la realización de esta audiencia y desestimaron los argumentos de la empresa para reprogramar este primer encuentro en la justicia. Esto, porque -según recalcaron- la demandante ha tenido ocho meses para reunir, digitalizar y preparar una audiencia.
En el escrito donde contestan la arremetida de la cuprífera, los trabajadores explican que la realización de audiencias por videoconferencia es igual para todas las partes, que una gran mayoría de estas diligencias se realizan por ese medio para no detener el sistema judicial y que la empresa cuenta con un completo "staff" de abogados en Calama que litigan por vía remota.
En cuanto a eventuales efectos a su derecho a defensa, para los demandados, se trata de una "desproporción", ya que todas las partes están en igualdad de condiciones.
"No se ve por donde hay un impedimento a hacerse de las pruebas, reunirlas y digitalizarlas. El hecho de realizarse en forma presencial, no disminuirá la cantidad de prueba de las partes, ahora o en el futuro la causa está destinada a contar con mucha prueba, y eso debió tenerlo en cuenta la demandante al demandar a 20 personas, no pueden mis representados hacerse cargo de las dificultades que la contraria ha creado", sostienen los trabajadores.
La última dilación en este caso se dio hace un mes cuando el Tribunal definió reprogramar la cita desde el 9 de julio al 2 de septiembre. Esta vez, la instancia judicial deberá nuevamente resolver sobre la petición de la estatal.
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