Con un diagnóstico claro del complejo contexto que enfrenta el sistema eléctrico por la sequía, el miércoles pasado el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, firmó un nuevo decreto preventivo de racionamiento eléctrico, extendiendo el actual texto que vence el 31 de marzo hasta el 30 de septiembre. Pero aunque esperado, el nuevo documento tuvo algunas particularidades que no pasaron desapercibidas en la industria.
Con el correr de los días, los análisis han comenzado a sincerarse, tanto en la forma como en el contenido. Según comentan fuentes, causó sorpresa que no tenga tramitación inmediata y que se distribuyera el documento a diversos actores de la industria a pesar de que aún no tiene la firma del Presidente de la República ni la toma de razón de la Contraloría.
Para algunos, esto hace pensar que no se quiere cerrar el tema en este gobierno y que más bien se entregan detalles ahora para calmar los ánimos, dejando que la próxima administración zanje las directrices claves en los próximos meses cuando se enfrente los momentos más duros de estrechez.
Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, indica que si bien contar con esta herramienta es importante, también se debe abrir una conversación de largo plazo. Sin embargo, el director de Asuntos Público de Generadoras de Chile, Camilo Charme, sincera que, dada las condiciones urgentes de mejora en la coordinación y logística del suministro de combustibles en el sistema eléctrico, "llama la atención que el gobierno no haya optado por una vía que le permita implementar -de manera inmediata- las nuevas medidas propuestas".
En el contenido, las dudas están puestas en el aspecto más llamativo del nuevo texto: el mecanismo para asegurar diésel, el que no tiene precedente alguno. El socio director de energiE, Daniel Salazar, sostiene que se propone un mecanismo de refuerzo para el suministro de diésel para reconocer costos asociados a la logística de su provisión. Con esto, recalca, "se agrega un nuevo cargo tarifario que de seguro será traspasado a clientes libres para reconocer un costo inédito en el mercado eléctrico, en pleno proceso de descarbonización".
Lo que preocupa, cree el consultor de Valgesta, Ramón Galaz, es si las señales que se están entregando son las adecuadas o no. "Se podría haber buscado otras opciones", reflexiona.
En Acera entienden que, aunque sin tramitación completa, "afectará a los generadores que participen del mercado de contratos, en lo que se refiere al mecanismo de pago de sobrecostos del diésel, ya que dicho sobrecosto se cargará a todos aquellos que efectúen retiros de energía para suministrar sus contratos con distribuidoras o clientes libres".
"Nos inquieta nuevamente ver que se instaura un diseño que asigna sobrecostos del uso del diésel a empresas que no van a utilizar diésel en su generación, y que afecta la competitividad y la posición comercial de muchas de ellas, pues encarecerá sus costos de retiro", dice Rojas.
En este sentido, la dirigenta puntualiza que "es un mal diseño que repite el que se aplica para el cobro del impuesto verde, que grava también a empresas con generación 100% renovable".
Charme va más allá y reconoce: "Existen serias dudas sobre si el contenido del mecanismo para asegurar el suministro de diésel propuesto por este gobierno tiene suficiente sustento legal".
El director ejecutivo de GPM, Danilo Zurita, valora que el Ejecutivo dé cuenta de que existe una crisis. Si bien este es un punto de inicio, dice, "no soluciona una parte importante del problema que es la cadena de suministro de combustible, ni tampoco sería eficiente su aplicación durante el invierno que se avecina, por los plazos que el texto establece".
Según Zurita, para asegurar el diésel, el mecanismo tendría que actuar directamente con los responsables del suministro y transporte, que son las empresas distribuidoras de combustible. "Para este invierno se necesita asegurar disponibilidad y logística de combustibles, tanto GNL como petróleo diésel. Para ello, es necesario la gestión directa con las distribuidoras para optimizar el uso del transporte de combustible, e incluso, la priorización para el sector de generación en episodios críticos de operación", explica.
"Se evaluaron múltiples opciones"
Según fuentes del gobierno, en el contexto de sequía extrema se hace necesario implementar un esquema de adquisición y remuneración de costos excepcionales de adquisición de diésel de seguridad.
"Esta medida en particular establece un esquema que facilite la adquisición y logística de distribución de combustible diésel, en las cantidades que requiera el sistema eléctrico, con el objetivo de reducir el riesgo de déficit de generación respetando los principios de la operación y coordinación definidos en la ley", cuenta una fuente.
Considerando la difícil situación por la sequía, dichas versiones señalan que se evaluaron múltiples opciones y se optó por este esquema dado que éste produce menores alteraciones en el mercado eléctrico y al mismo tiempo permite aumentar la seguridad del sistema producto de contar con un nivel de combustible adicional para la producción de la energía requerida por el sistema.
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