Diputados de oposición ingresan dos proyectos para intentar frenar cuotas de extracción a cinco empresas

A días de que la licitación del litio sea adjudicada, los parlamentarios siguen acumulando acciones para intentar frenar el proceso que busca entregar cinco cuotas de extracción para la misma cantidad de empresas.

Ayer miércoles, diputados de la oposición presentaron dos proyectos de ley en este sentido.

En el caso de la iniciativa de la Democracia Cristiana, presentada por los diputados Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, se busca regular la forma en que se realizan licitaciones de concesiones por parte de los gobiernos.

La iniciativa, además, modifica el Código de Minería y establece que “no podrán celebrarse por el Estado concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas que no sean del Estado, destinados a la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, como el litio, en los noventa días anteriores” al fin del mandato del Ejecutivo.

Por su parte, una segunda iniciativa fue presentada en la jornada de ayer por el Partido Comunista.

En este caso - y de acuerdo a lo señalado por el diputado Daniel Núñez- se busca que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación.

El parlamentario además aseguró que, en el caso de que se apruebe el proyecto, “se anularía la licitación que hoy día pretende llevar adelante el 14 de enero el ministro (Juan Carlos) Jobet y (el Presidente Sebastián) Piñera, que es algo escandaloso”.

Cabe recordar que el martes la bancada del Partido por la Democracia presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para frenar la licitación.

En el escrito presentado contra el jefe de Estado y el titular de la cartera del sector, los diputados señalan que “el llamado a licitación para la explotación del litio constituye un acto ilegítimo, ilegal y arbitrario por parte de la autoridad”, ya que la licitación “constituye una verdadera amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.