Una drástica moción parlamentaria se ingresó sigilosamente el 19 de agosto a la Cámara de Diputados en medio de las tensiones que ha protagonizado Codelco durante el año. Ocho parlamentarios del oficialismo proponen en un escrito de cinco páginas suprimir la participación de representantes de los trabajadores en el directorio de la cuprífera estatal.
Según explican en el documento ingresado a la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, el fundamento central de esta iniciativa no es la desconfianza hacia los trabajadores de Codelco, sino "la convicción de que la defensa de sus intereses corresponde a los instrumentos que el ordenamiento jurídico les reconoce precisamente para ello, que tiene relación con la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva".
Planteando sobre la mesa las cifras alcanzadas por la estatal al cierre de 2025, como -por ejemplo- que su deuda financiera aumentó en US$ 972 millones durante el año pasado, recalcan que "una empresa que sostiene un plan de inversiones estructurales de esa magnitud, con costos crecientes y endeudamiento récord, requiere que cada uno de los asientos de su directorio esté ocupado por quien deba lealtad únicamente a la empresa y a su dueño, el Estado de Chile".
Los diputados presentan el escrito con el objeto -dicen- de "restituir a unidad de interés y el deber exclusivo de lealtad de los integrantes del directorio" de la cuprífera hacia la empresa y el Estado de Chile (su dueño), eliminando de dicho órgano "una representación de intereses parciales que la propia ley reconoce como conflictiva y que corresponde ejercer en el ámbito de la libertad sindical y de la negociación colectiva".
Los firmantes son los diputados Erich Grohs, Álvaro Jofré, Pier Karlezi y Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario. Y, además, Tomás Kast (Evolución Política), Marco Antonio Sulantay (UDI), Ignacio Urcullú (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (Independientes, bancada de RN, Evópoli e independientes).
"Maniobra para abrir paso a la privatización"
Y hubo respuesta. Frente a la moción que busca modificar el decreto ley Nº 1.350 para suprimir de forma definitiva la participación de los representantes de los trabajadores en el directorio de Codelco, este martes la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) salió a rechazar la que denominó "enmienda privatizadora", denunciando directamente "una maniobra para amordazar a los trabajadores y abrir paso a la privatización".
Aseguraron que "este ataque legislativo no es contra una directiva, es un atentado directo contra el patrimonio social de todo el pueblo de Chile". Por esto, emplazaron a los parlamentarios de la comisión de Minería y Energía donde se discutirá inicialmente el texto a rechazar de inmediato este proyecto de ley privatizador. Y sentencieron: "Los trabajadores del cobre nos declaramos en estado de alerta nacional".
Para la organización, el proyecto de ley no responde a criterios de "eficiencia corporativa" o "gobierno corporativo" bajo estándares internacionales. "Este es un acto deliberado y estratégico para silenciar la disidencia interna dentro de la mesa directiva de la empresa más importante del Estado de Chile", lanzaron.
Agregaron que "los sectores parlamentarios que impulsan esta iniciativa pretenden extinguir la mirada fiscalizadora e independiente de los trabajadores para dejar las manos libres a agendas de enajenación de activos y allanar, sin ningún tipo de resistencia interna ni oposición social, el camino hacia el desmantelamiento y la privatización encubierta de nuestra principal riqueza pública".
También, la FTC recordó que cada uno de los representantes de los trabajadores que ha tomado asiento en esa instancia ha cumplido y cumplirá el rol constitucional e institucional de ser defensores inclaudicables de un Codelco 100% en manos del Estado chileno.
"La voz minera en la mesa directiva ha sido la garantía histórica de que los excedentes no terminen capturados por intereses transnacionales privados, sino que se destinen a financiar las políticas sociales, el desarrollo de infraestructura crítica y la defensa soberana de la República de Chile", dijeron.
Asimismo, aseguraron que entienden perfectamente que la participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa genera profunda incomodidad y molestia a ciertos sectores políticos. En este punto, comentaron -por ejemplo- que incomoda que expongan con cifras técnicas el descontrolado aumento de los costos de empresas de terceros operacionales.
"Pero, sobre todo, les molesta que no nos quedemos en la denuncia: les incomoda que impulsamos con fuerza la internalización de funciones operativas y de mantenimiento estratégico de activos críticos en minas y plantas, demostrando que es la vía real para recuperar las capacidades internas claves para el negocio, mejorar los resultados operativos y defender la estatalidad mediante nuestra 'Propuesta Nacional'", agregaron.
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