A días del término de la consulta indígena desplegada por Corfo por el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, dos de los 48 grupos participantes solicitaron la suspensión del proceso.
Según se lee en el texto ya admitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la comunidad Coyo acusa a Corfo de haber promovido un “procedimiento apresurado”, “con omisiones sustantivas” de los contratos y en incumplimiento con las normas de la OIT.
El grupo ancestral de San Pedro de Atacama -que forma parte de las 18 comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños- recrimina a Corfo por segmentar materias y dividir “injustificadamente” a los participantes en tres grupos, lo que -dicen- habría sido adoptado “a solicitud de un grupo limitado de comunidades indígenas bajo el pretexto de una no fundamentada mayor afectación”.
Los Coya de la cuenca norte del Salar apuntan a sus pares del sur, agrupados en el Grupo 1 de la consulta, que históricamente han convivido con las operaciones de SQM y Albemarle en sus territorios: Peine, Socaire, Camar, Talabre y Toconao. El punto deja de manifiesto, una vez más, la disputa entre los grupos indígenas en torno al negocio del litio, los que por estos días debaten en los plenarios el aporte que consideran deberían recibir por la explotación del mineral.
“Los contratos anteriores han acrecentado la división entre las comunidades, donde las del sur argumentan que no es posible un esquema en el cual ellos perciban lo mismo que otras que están a más de 100 kilómetros, que es de toda lógica, pero Corfo ha dado cabida a todos y el contrato busca una fórmula de ecuanimidad en la repartición de aportes”, dice un conocedor interno del proceso.
Un cercano a los Coyo dice: “Dudo que esto sea por más dinero, sino que responde más a una posición identitaria, activista, contraria a la producción de litio, y no van a dar su brazo a torcer”. En 2022 fue esta misma comunidad junto a la de Camar las que presentaron recursos de protección que echaron abajo el proceso de licitación del litio impulsado por el exPresidente Sebastián Piñera.
En este caso, la Corte de Apelaciones dio 15 días hábiles para que Corfo, Codelco, SQM y Conadi presenten comentarios. El otro recurso fue interpuesto por la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores.
Efectos y plazos
Un experto en la materia y que sigue de cerca la consulta, dice que las diferencias son parte del efecto mismo del proceso y que en Codelco y SQM “no están preocupados especialmente por estos recursos, porque saben que quizás aparezcan más; no todos van a quedar contentos”. Agrega que “esto ya está en etapa final y se evalúa como improbable que el recurso fructifique”.
Dos abogados asesores de comunidades atacameñas comparten que las acciones legales “no tendrán efecto” en los plazos ni en el procedimiento general. De todas formas, la Corte podría decretar una orden de no innovar y suspender la consulta. Según el acuerdo metodológico del proceso, el 19 de julio era la fecha estimada para el fin de la etapa de diálogo, pero en los últimos días se acordó agregar una reunión más por cada grupo, lo que extenderá el plazo hasta fines de julio, indica una fuente de Gobierno.
Un vez concluidos los plenarios, Corfo iniciará la etapa de Sistematización, donde desarrollará un documento con los planteamientos acogidos de las organizaciones y las explicaciones de los ítems que no hayan sido considerados.
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