En un año marcado por las negociaciones colectivas en la industria minera, en Codelco miran con atención el actual escenario, ya que sólo la estatal concentra cerca de diez renovaciones de contratos colectivos en sus nueve operaciones este 2018. Una de ellas es la que se realizará en Chuquicamata, cuando en marzo próximo se produzca el vencimiento del contrato colectivo de los trabajadores Rol-A de la faena.
La semana pasada, en un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo de Antofagasta, se dieron a conocer los servicios mínimos en caso de que no prosperen las negociaciones, dando una importante señal para la organizacón sindical, ya que la entidad acogió sus argumentos y otorgó una cuota de 4% del personal en caso de que se llegue a una huelga, un poco más del 1,7% solicitado por los trabajadores y muy lejos del 14% que había planteado la minera estatal.
En un hecho inédito para la industria, el dictamen abordó de manera conjunta las peticiones de supervisores y operadores, dictaminando que durante la huelga no deberá existir producción.
El personal seleccionado estará concentrado en el Hospital del Cobre, dado que éste posee una UCI, unidades de diálisis y oncología que atender, así como la necesidad de cumplir con acuerdos con las Fuerzas Armadas y otras mineras de la zona.
El personal restante estará destinado para el área industrial, para evitar robos o saqueos, y al monitoreo de algunos equipos. Respecto a la faena, los operarios estarán encargados de la observación de taludes, o de posibles desprendimientos de material, pero en términos operativos, no debiese haber maquinaria funcionando.
Negocian con el sindicato
Sin embargo, y tal como lo permite la nueva legislación laboral, la minera presentó el viernes pasado su apelación ante la Dirección del Trabajo, para que esta reconsidere la cantidad de trabajadores seleccionados.
“La empresa ha solicitado una reconsideración de los antecedentes, puesto que según los análisis técnicos de los servicios mínimos, la empresa requiere personal mayor a lo definido por la entidad, siempre en el marco de la legislación vigente”, señalaron desde Codelco.
En paralelo, la empresa ha sostenido una serie de reuniones con los trabajadores buscando llegar a un acuerdo técnico y ampliar la cuota de servicios mínimos “bajo la visión común de asegurar la sustentabilidad del negocio”, explicaron.
Representantes de la organización sindical aseguraron que “tenemos toda la disposición al diálogo, no queremos dañar ni perjudicar a la empresa, siempre hemos estado abiertos al diálogo, fue la empresa la que no quiso”.
En cuanto al detalle del petitorio, cercanos aclaran que los montos por bono de término debiesen superar al recibido en 2015, que rondó los $ 11 millones. Según dicen, el alza sostenida del precio del cobre y el fin a los reajustes cero que había impulsado la empresa, los alentaría a subir la puntería.
Este será un importante examen para la administración de la estatal, en la que podría ser la última negociación antes del cambio de directorio que se producirá en mayo próximo, cuando termina el ciclo del actual presidente, Óscar Landerretche, y posiblemente del presidente ejecutivo, Nelson Pizarro.
Asimismo, serán el piso de las negociaciones que se verán en un año más en la misma división, pero con los trabajadores Rol-B, que suman más de 5.000, uno de los sindicatos más grandes de Codelco.
En la división Andina se resolvió un 1% del personal
En paralelo, otro de los procesos que enfrenta Codelco ocurre en la división Andina, donde la Dirección del Trabajo de Valparaíso otorgó una cuota aún menor de trabajadores. Según explicaron desde el sindicato, se destinarían cerca del 1% del personal, a falta de la posible apelación por parte de la empresa, tal como ocurrió en Chuquicamata. El dictamen fijó una cuota de 2 supervisores y 68 operarios, de los 330 y 1.350 integrantes respectivamente que componen los sindicatos de la división ubicada en la Región de Valparaíso.
El proceso se desarrolla con miras a la negociación de agosto próximo, donde los trabajadores buscarán mejorar las condiciones pactadas en 2015, cuando recibieron $ 12 millones y un reajuste salarial de un 1,8%.
A falta de la ratificación por parte de las autoridades, desde el sindicato explican que en paralelo miran con atención el proceso por el que atraviesa la operación en el que se busca pasar de una mina subterránea a una de rajo abierto, lo que sería perjudicial para los trabajadores, explican desde la organización.
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