Cuando los plazos están cada vez más ajustados para darle el vamos al proyecto que permitirá extender la vida útil de la División Salvador en al menos 40 años, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sellaron un acuerdo para poner fin al conflicto que mantenían desde el 15 de julio, luego de que el organismo presentara una demanda por un eventual daño ambiental en el Salar de Pedernales, el que contempla diversas medidas.
En un escrito de 25 páginas, presentado al Primer Tribunal Ambiental acompañado de anexos y otros extensos documentos, las partes zanjan los compromisos -que hasta el momento se discutían en completa reserva- que permitieron poner fin al conflicto, el que de todas formas debe esperar la luz verde del Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.
Uno de los componentes clave del acuerdo apunta directamente a medidas asociadas a recursos hídricos que buscan generar condiciones de recarga adicionales al acuífero que no existían hasta la fecha, por la vía de dejar escurrir cierto caudal desde el tranque la Ola hacia aguas abajo y mediante el cierre de un Dren construido durante la década del 20 del siglo pasado. Esto, de manera de aumentar la recarga del acuífero del Salar de Pedernales.
En este aspecto, también se considera que la estatal presente un complemento al Plan de Seguimiento Ambiental Voluntario (PSAV) del proyecto Rajo Inca para incorporar el objetivo de recuperación de los niveles del acuífero del Salar de Pedernales.
Este ejercicio considera la incorporación de 19 pozos y piezómetros para monitorear sectores de la cuenca de Pedernales que actualmente no cuentan con puntos de monitoreo y complementar el plan de control del sector a través de la suma de dos nuevos puntos de control y la definición de valores umbrales para ellos.
Entre otras medidas, se fija que la cuprífera desarrollará una investigación para generar información de carácter público sobre nuevas fuentes de agua en las cuencas. Esto involucra la adjudicación de una licitación para ejecutar las actividades de investigación, permitiendo su desarrollo por un período estimado entre cuatro y seis años y cuyo producto final será entregado al CDE.
En esa línea, también la minera deberá encargar la elaboración de un estudio de bioecología en el área activa del sistema vegetacional azonal hídrico terrestre que se emplaza en el Salar de Pedernales.
En cuanto a los plazos implicados en el cumplimiento del acuerdo, en el documento se deja constancia que en el mes de junio de cada año, a partir de la fecha en que la resolución que aprueba este avenimiento se encuentra firme y ejecutoriada, Codelco enviará un informe de avance respecto de la totalidad de las medidas convenidas.
Boleta de garantía y cláusulas penales
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, Codelco entregará al CDE garantías financieras. Esta se calculará a partir de la estimación de los costos de ejecución de todas las medidas -con excepción de la que se refiere al reestablecimiento de escorrentía superficial desde Río La Ola-, cuyo monto asciende a $ 16.310 millones.
Asimismo, las partes acordaron una cláusula penal respecto a la obligación de mantener un caudal promedio mensual de 30 l/s en el tranque La Ola, la que se cumplirá de inmediato y a todo evento con cargo a la disponibilidad hídrica de División Salvador, y que no se hace depender de la ejecución de las inversiones que Codelco deberá realizar gradualmente para suplir este caudal en sus operaciones.
De esta forma, si bien se reconoce que la minera debe realizar inversiones del orden de US$ 35 millones para lograr reducciones en el consumo de agua del proyecto Rajo Inca en un caudal equivalente al comprometido, la medida en definitiva constituye una obligación de hacer, consistente en dejar pasar a todo evento el caudal indicado desde dicho tranque.
Esta cláusula se regulará, detalla el escrito, estableciendo que la cuprífera constituirá una garantía financiera por un total de 30.000 UF y la pondrá a disposición del CDE dentro de los 60 días siguientes a que la resolución del Tribunal Ambiental quede firme y ejecutoriada.
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