La justicia citó para el próximo 5 de septiembre a una junta extraordinaria de acreedores de la Minera Sierra Atacama, para conocer y votar la propuesta de modificación del acuerdo de reorganización. Esto en medio de una denuncia contra sus antiguos dueños.
La petición de modificar el acuerdo de reestructuración, aprobado en septiembre del año pasado, había sido presentada por la sociedad en junio pasado. En aquella ocasión, la firma -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- dijo que, luego que el nuevo accionista tomara su control, detectó que se le ocultó información relevante que le ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina.
“En paralelo a las adquisiciones de acciones por parte de MSB en Sierra Atacama, dicho socio toma el control de la administración en noviembre del año 2024, fecha en la cual comienza a tomar conocimiento real del estado de la compañía, y advirtiendo que durante el proceso de due diligence se le había ocultado información relevante de la empresa, que ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina”, dijo la abogada de la empresa, Daniela Gómez, en su solicitud para modificar el acuerdo de reorganización.
Sierra Atacama opera un yacimiento de cobre centenario ubicado a 65 kilómetros de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.
Martín Borda, ligado a Minera Sierra Atacama.
A principios de 2024, la empresa inició un proceso de reorganización judicial para así evitar su quiebra, instancia en que informó pasivos por $ 70 mil millones, siendo sus principales acreedores Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros.
La abogada Daniela Gómez dijo que se han adoptado medidas que, si bien han colaborado a mejorar el rendimiento y operación, no han sido suficientes. Explicó que, hoy, la mina se encuentra operando a su mínima capacidad.
Como consecuencia de todo lo relatado, dijo la jurista, la deuda post acuerdo de reorganización supera los $ 17.270 millones, “monto que ante la falta de producción no es posible hoy en día cubrir”, precisó.
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J. Troncoso Ostornol
